La provincia ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con relación al índice de casos por cada millón de habitantes. Es, además, el territorio donde se registra -en términos proporcionales- la mayor cantidad de desaparecidos en el país, según la abogada María del Carmen Verdú. En promedio, en el país muere aproximadamente una persona por día como consecuencia del actuar de las fuerzas de seguridad.

En el informe se da a conocer que en los últimos dieciocho años murieron en el país 4.278 personas por el accionar del aparato represivo estatal. Hasta 2013 se había registrado un total de 4.011 asesinatos, y en los once meses de este año se incorporaron 267 casos, de los cuales 46 corresponden al 2013 y 36, a años anteriores.

La incorporación de casos correspondientes a otros años es frecuente y se debe a la falta de información disponible, la mínima trascendencia que tienen algunos casos y la dificultad de calcular las muertes ocurridas por las distintas modalidades represivas. Por eso, Verdú, integrante de la CORREPI, considera a este medio que el informe “es apenas la punta del iceberg”.

“No hay señales de descenso de la cantidad de casos en la Argentina. En promedio, por día muere aproximadamente una persona en el país por la represión estatal”, comenta Verdú.

Cuarta a nivel nacional

Por la represión estatal, en Chubut murieron 65 personas en los últimos dieciocho años, según el documento. Dentro de la región patagónica, es la segunda provincia con más casos de muertes y solo es superada por Río Negro (69).

“Si se mira –explican los autores del informe- la cantidad de casos en cada provincia del país, queda clara la hegemonía absoluta de Buenos Aires, con el 45,49 por ciento del total, seguida de lejos por Santa Fe (11,78), Córdoba (7,41), la ciudad de Buenos Aires (6,99) y Mendoza (5,68)”. En la lista continúan las provincias de Corrientes (2,27), Santiago del Estero (2,15), Tucumán (2,06), Entre Ríos (1,96), Río Negro (1,61) y Chubut (1,52).

No obstante, en el texto se aclara que mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 15 millones de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, “no es posible -señalan desde la CORREPI- sacar conclusiones comparando los 1.946 casos de una con los 243 de otra, si no se contempla, a la vez, esa enorme diferencia poblacional”.

Los autores del informe plantean que para tener una “imagen más clara se debe calcular la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes”. Según el índice de casos por millón de habitantes, Tierra del Fuego (165,09) ocupa el primer lugar. La provincia más austral del país es seguida por Santa Fe (157,77) y Mendoza (139,74). Chubut se ubica cuarta a nivel nacional (127,67) y supera a Buenos Aires (124,54).

“Chubut está en el pelotón de las provincias con mayor incidencia del gatillo fácil y de muertes en cárceles y comisarías. Presenta, además, una característica puntual: una alta cantidad de desaparecidos”, expresa Verdú.

“Es en Chubut -describe Verdú- donde proporcionalmente –en relación a la cantidad de habitantes- se registra a nivel nacional la mayor cantidad de desaparecidos desde 1983 a la fecha. En general, en este tema los mayores índices se observan en la Patagonia. Probablemente se deba a la posibilidad geográfica que brinda el territorio: no es lo mismo esconder un cuerpo en la ciudad de Buenos Aires que en el medio de la región patagónica. Lo cierto es que muchos de los casos paradigmáticos de desapariciones han ocurrido en esa zona. Por mencionar algunos ejemplos, en Trelew se hicieron varias denuncias por desapariciones y a nivel provincial están los casos de Iván Torres (Comodoro) y de Luciano González (Corcovado)”.

Contenido disciplinador

Tras analizar los 4.278 casos en el país, los autores del informe constataron que las modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social son los fusilamientos de gatillo (46 por ciento del total) y las muertes de personas detenidas (39 por ciento).

En el documento se da también a conocer que el 51 por ciento del total de los casos corresponde a personas de 25 o menos años. Si el recorte etario se extiende hasta los 35 años, esa cifra alcanza el 77 por ciento del total. Verdú señala que los datos demuestran que “el contenido disciplinador apunta a los jóvenes”.

Las prácticas represivas están dirigidas en general hacia personas de sectores bajos. Según Verdú, son pocos los casos referidos a jóvenes de sectores medios o altos y, además, plantea que la respuesta del aparato judicial varía según la clase social de la víctima.

Sin distinción de color político

En el documento se incluye una comparación histórica que permite conocer la cantidad de muertes ocurridas desde diciembre de 1983 por la represión estatal de los distintos gobiernos nacionales.

Lo primero que dice Verdú es que no existen diferencias sustanciales entre los distintos gobiernos. No obstante, la abogada recuerda que “el gobierno de la Alianza tuvo una injerencia altísima con relación a la cantidad de muertes”. Durante la gestión de Fernando de la Rúa (1999-2001) se cometieron 45 asesinatos, de los cuales 39 ocurrieron por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001.

“Al comparar -analiza la abogada- los datos históricos se observa que, por ejemplo, hay un aumento de casos entre 1999 y 2001, como así también entre 2007 y 2008 o en la actualidad. Eso demuestra que hay una mayor necesidad estatal de reprimir cuando aumenta el descontento social o existen posibilidades de que la gente se pueda organizar”.

Entre 2003 y 2014, murieron por la represión estatal 2.710 personas, lo que representa el 63,35 por ciento del total de casos ocurridos desde diciembre de 1983, según la CORREPI.

Finalmente, Verdú recalca que los datos obtenidos permiten confirmar que “las distintas modalidades represivas no son patrimonio de un color político o de un gobierno local, sino que se trata de acciones constantes que se expresan en todo el país”.