La presentación estuvo a cargo del asociado Guillermo Petersen, que solicitó ser considerado como "particular damnificado" para mantener activa la investigación más allá de la resolución que quiera darle el Consejo de Administración de la UPC

"Yo me presenté como patrocinante del señor Guillermo Petersen para que sea tomado en el rol de particular damnificado. Esto lo resuelve el juez de garantías, el Dr. (Guillermo) Lludgar y una vez que esté reconocido como particular damnificado, porque es parte como cualquier usuario de la Usina yo voy a pedir las actuaciones para estudiarlas y ver lo que hay que hacer", dijo el Dr Julio Razona, representante de Petersen en diálogo con Cuatro Vientos. "Yo no denuncié a nadie", agregó.

De ser aceptada por el juez, la presentación permite que el abogado acceda al expediente completo donde consta la denuncia que realizara en primera instancia el presidente del Consejo de Administración de la Usina, Antonio Vilchez.

"Como particular damnificado tengo un montón de potestades, como ofrecer pruebas, pedir medidas cautelares, apelar, de recusar o de ir a juicio oral en representación de la víctima", comentó el abogado.

Si Petersen es reconocido en su petición, podría seguir impulsando la causa."La intención sería avanzar: Petersen como cualquier asociado al tomar conocimiento de que habría una administración fraudulenta en la Usina pide tomar intervención para ejercer sus derechos como víctima, como asociado", explicó el letrado.

Razona desestimó la posibilidad de que la denuncia se resuelva mediante una mediación entre el acusado y el Consejo de Adminsitración de la Usina."Técnicamente no se pueden retirar denuncias por un delito de orden público como es una defraudación. Tecnicamente no se puede aunque hay una fórmula alternativa de pedir una mediación, pero cuando hay un damnificado que se ve perjudicado, como lo es un socio, nosotros en principio nos vamos a proponer y primero vamos a investigar." 

"Si vemos que no existió el delito, si no había una defraudación, no va a haber objeción, pero si hay un faltante de dinero y una administración fraudulenta, nosotros podemos continuar con la investigación, según lo que quiera hacer el denunciante", remarcó.

"Además del denunciante ya es el Estado el que investiga un delito de este tipo. Es como cuando uno denuncia un homicidio, en un homicidio es el Estado el que investiga y en este caso es lo mismo", sostuvo Razona.

En ese contexto, Razona relató que "nosotros primero tenemos que esperar que el doctor Lludgar nos reconozca el derecho de particular daminificado y yo tengo que tomar contacto con todas las actuaciones y vamos a pedir las medidas de prueba para probar si existió el delito".