El fiscal General a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Gustavo Leguizamón, autorizó ampliar la investigación sobre el presunto desvío de fondos del programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos a las 27 intendencias chaqueñas que no fueron investigadas en la primera etapa. Con estas, serán 47 las comunas del Chaco en donde se constatarán si efectivamente se invirtió el dinero del gobierno nacional de acuerdo a los convenios firmados entre 2013 y 2015 para el saneamiento ambiental de cada jurisdicción.

Por medio de la resolución 2268/18, fechada el 30 de julio pasado, Leguizamón hizo lugar al pedido de la exdiputada provincial de la UCR, María Canata, quien solicitó que se cumpla con la denuncia que realizó en 2016 donde pidió que se investigue el “manejo y utilización de los recursos nacionales destinados al saneamiento ambiental y tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos” en 47 intendencias del Chaco. Señaló que dichas localidades recibieron fondos que superaron en total los $173 millones. Sin embargo, indicó que el destino de este dinero “es incierto”.

La FIA tomó la denuncia y avanzó sobre 20 comunas. Allí se encontraron irregularidades de todo tipo. Entre otras, se detectaron casos en que el proyecto acordado mediante el Convenio Marco “no se ejecutó en su totalidad o no se ha ejecutado conforme a los componentes comprometidos”. O en algunos se habrían utilizado los fondos para “un destino diferente al asignado por el Convenio Marco celebrado”.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas autorizó avanzar en la investigación sobre el destino de los fondos para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

¿Qué ocurrió con las otras 27 intendencias? No se investigaron. Extraoficialmente, la excusa apuntó a problemas operativos vinculados con la falta de personal de la FIA. Ahora, Canata reiteró el pedido para que se investigue a las demás, el cual fue autorizado por el fiscal Leguizamón.

Estas son: Avia Terai, Campo Largo, Charadai, Chorotis, Ciervo Petiso, Colonia Benítez, Coronel Du Graty, Corzuela, Fuerte Esperanza, General Vedia, Hermoso Campo, Isla del Cerrito, Laguna Blanca, Las Garcitas, Los Frentones, Machagai, Makallé, Margarita Belén, Napenay, Pampa del Infierno, Sáenz Peña, Puerto Eva Perón, Puerto Tirol, Puerto Vilelas, Santa Sylvina, Taco Pozo y Villa Ángela.

Cabe recordar que actuales y exintendentes de estas localidades fueron citados por el juez federal porteño, Claudio Bonadío, en la causa donde se investiga, justamente, el destino de los fondos para residuos sólidos. La primera que asistirá al juzgado es la exintendenta de Laguna Blanca, la diputada Claudia Panzardi, quien fue convocada para el 28 de este mes.

Medidas

Leguizamón también solicitó una serie de medidas probatorias. En primer lugar, pidió al Tribunal de Cuentas que remita informes respecto de la ejecución de los fondos de origen nacional recibidos por los 27 municipios mencionados, en virtud del Convenio Marco de Coordinación y Cooperación del proyecto de mejora en la gestión de Residuos Sólidos Urbanos suscripto con la Secretaría de Ambiente de la Nación de la Jefatura de Gabinete.

También se requirió al ministerio de Ambiente de la Nación que remita los informes sobre los convenios marco de Coordinación y Cooperación celebrado con las intendencias durante los años 2011 y siguientes, “específicamente en cuanto a si esos fondos nacionales fueron transferidos a los municipios y los montos”.

Además, se pidió a Ambiente información respecto de si “los municipios en cuestión han presentado las pertinentes rendiciones de cuentas, si se emitieron los análisis contables en el ámbito de la Coordinación de Presupuesto y Rendición de Cuentas del Ministerio de Ambiente y si esas rendiciones fueron aprobadas o no, y si tuvieron alguna observación para ayudar a esclarecer los hechos que se investigan”.