El gobierno está habilitado a intervenir al Grupo Clarín a partir de la ley de mercado de capitales sancionada en noviembre, trabajada en detalle en Diputados donde consiguió el apoyo de la mayoría de las bancadas.

La ley fue aprobada en general con 184 votos y el respaldo de la UCR, el Fap y la Coalición Cívica, a excepción de Elisa Carrió, Irma Ré y Nora Terada, quienes se ausentaron. “Vimos algo raro y nos fuimos”, denunció la diputada y recordó que el tema “lo trató en el bloque el presidente, Alfonso Prat Gay”.

Se refería al debate en particular, cuando llegó la sorpresa: Feletti propuso modificar el artículo 20, que originalmente autorizaba al Gobierno a “solicitar informes y documentos, realizar investigaciones e inspecciones en las personas físicas y/o jurídicas sometidas a su fiscalización, citar a declarar, tomar declaración informativa y testimonial”.

Le agregó dos párrafos troncales. El primero agrega entre los posibles pedidos de informes a “cuando como resultado de los relevamientos efectuados resulten vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios y/o tenedores de títulos valores sujetos a oferta pública, la CNV, según la gravedad del perjuicio que determine, podrá designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad en cuestión, cuyas disposiciones serán recurribles en única instancia ante el presidente de la Comisión”.

Luego autoriza la CNV a “designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad, cuyas disposiciones serán recurribles en única instancia ante el presidente de la comisión”.

Y por último la faculta a “separar a los órganos de administración de la entidad en cuestión por un plazo máximo de 180 días hasta regularizar las deficiencias encontradas. Esta última medida será recurrible en única instancia ante el ministro de Economía y Finanzas Públicas”. Un traje a medida para intervenir compañías rivales del Gobierno.

“Yo no voté a favor de otra ley, no la que finalmente se aprobó y que hoy blande el gobierno para presionar a Clarín. La posición de nuestro bloque fue decidida por unanimidad en una reunión previa a la sesión. El rechazo a la propuesta sobre tablas de Feletti también fue unánime, por parte de los miembros presentes en ese momento”, se defendió Prat Gay.

Recordó que “el oficialismo contaba con los votos para aprobar la ley en particular, por lo tanto, los votos de la oposición no influyeron ni podían evitar la aprobación o no de la presente Ley. El FPV podía aprobarla solo”.

“La secuencia de la votación es esa. Uno vota la Ley que tiene en su escritorio y no lo que prevé o sospecha que va a tener sobre su escritorio al momento de votar cada artículo. Quien dice lo contrario no dice la verdad. Ni los propios diputados oficialistas conocían la modificación que anunció Feletti sobre tablas. Menos aún, quiero suponer, los diputados opositores que ni siquiera se encontraban presentes”.

“No tengan dudas de que si yo hubiera conocido esa modificación antes de tiempo hubiera denunciado la operación y votado en contra de todo, incluso en general. No me hubiera alcanzado con abstenerme o levantarme de la sesión”, culminó su descargo.

Las voces de la sesión

Como la Cámara registró la votación nominal del proyecto en general pero no en particular, la oposición no dejó su registro del rechazo a la modificación. El único dato que los exaspera es que la ley fue aprobada con 184 votos y que los únicos bloques que se opusieron fueron el PRO y el Frente Peronista.

De todos modos, como dijo Prat Gay, al kirchnerismo le sobraban votos para aprobarla sin ayuda sólo que esta jugada le permitió evitar duros cuestionamientos en el debate en comisión, que tuvo una armonía difícil de encontrar en los últimos años de la Cámara baja.

En aquel momento, Agustín Rossi contaba con algunos votos que ya no suma, como el de Blanca de Peralta, la esposa del gobernador de Santa Cruz; Mabel Müller o hasta el mismo Jorge Yoma, quien era crítico de Cristina pero votó a favor, algo que difícil ocurra hoy.

No sucedió igual en el Senado, donde el radicalismo estaba advertido y objetó la norma pero poco pudo hacer: el 28 de noviembre fue ley con 43 votos.

Gil Lavedra y Prat Gay fueron los únicos en advertir que el cambio de Feletti no era menor. “La preocupación puede ser legítima pero es un injerto”, advirtió Gil Lavedra.

“Además, si no escuché mal la propuesta de enmienda, jamás se puede autorizar a la CNV a separar a los miembros del directorio de las sociedades. Debe ser el juez el encargado de hacerlo, por lo que no estamos de acuerdo con ese agregado, por lo menos como se lo ha expuesto”, siguió.

“Votaremos por la negativa también el artículo 20, en línea con los argumentos del diputado Gil Lavedra”, lo respaldó Prat Gay.

Varios opositores reclamaron que se votar en particular pero Julián Domínguez los frenó y recordó que el acuerdo en labor parlamentaria había sido otro.

Claudio Lozano, de Unidad Popular, nunca objetó esa modificación y hasta la respaldó.

“En caso de que se mantenga el criterio de que aun habiendo disidencias en cada título no podemos votar artículo por artículo, aclaro que el interbloque del Frente Amplio Progresista va a votar afirmativamente todos los artículos, con excepción del 6 y el 8”, afirmó.