Recientemente el Ejecutivo provincial remitió a la legislatura de Jujuy el proyecto de Ley de Paritarias a fin de que sea debatido y pueda ser puesto en vigencia con la mayor agilidad posible. Se trata de un proyecto mediante el cual se pretende reglamentar y poner en funcionamiento las negociaciones colectivas para los trabajadores de la administración pública, con la intención de que los encuentros y debates entre las partes que conformen las mesas de negociación sean más transparentes y se desarrollen bajo normas específicas, favorables para las partes.

La iniciativa tiene por finalidad conformar el ámbito de negociación adecuado bajo las reglas que se consideran aceptadas tanto para las relaciones de trabajo del sector privado como para los del sector público e implica un avance significativo y una actualización de la legislación, dando mayor previsibilidad, trasparencia y participación adecuada a las circunstancias de la realidad provincial.

Es que en Jujuy, tanto las entidades sindicales como el propio Estado provincial han bregado por un correcto funcionamiento de las negociaciones colectivas, por cuanto se considera un ámbito adecuado para la regulación de los aspectos vinculados a la relación de los empleados públicos con el Estado.

Alcances del proyecto

El proyecto de Ley de Paritarias impulsado por el Gobierno provincial tendiente a regular las negociaciones colectivas de los trabajadores del sector público, detalla en sus artículos aspectos necesarios a tener en cuenta para el normal desarrollo de los debates para el alcance de acuerdos y convenios. En el mismo se detallan los alcances de la legislación, los modos y condiciones en que se desarrollarán las mismas como así también las partes que conformarán las mesas de discusión y los temas que podrán abordarse.

Según lo expresado en dicho proyecto, alcanza a los trabajadores que presten servicios en la administración central, organismos descentralizados, tribunal de cuentas y entidades en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria en su conducción y gestión.

Por otra parte, advierte que se creará una comisión negociadora la cual estará conformada por representas del Estado, de las entidades sindicales autorizadas (que cuenten con personería gremial) y contará con la coordinación de la autoridad administrativa del trabajo, para lo cual se establecerán negociadores titulares y suplentes.

Otro de los aspectos que aborda la propuesta son las cuestiones a tratarse. Según lo establecido por la ley, se abordarán todos los asuntos laborales que integran la relación de empleo, tanto los de contenido salarial como las demás condiciones de trabajo. En relación a las tratativas salariales se establece que las mismas deberán sujetarse a la ley de presupuesto y las pautas que allí se establecen.

En relación a las condiciones de las negociaciones se advierte que las partes deberán hacerlo "de buena fe", es decir respetando la concurrencia a las reuniones convocadas en tiempo y forma, designando negociadores con idoneidad, brindando toda la información necesaria para celebrar el debate, y la realización de los esfuerzos necesarios para lograr acuerdos favorables a las partes.

Otro de los puntos sobresalientes del proyecto es la instancia de conciliación obligatoria. Según la legislación, en caso de desacuerdo durante el desarrollo de las negociaciones o que surgiera algún conflicto,las partes deberán comunicarlo a la autoridad administrativa del trabajo,para formalizar los tramites de la instancia obligatoria de conciliación.

Asimismo, se obliga a los gremios a asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales. La propuesta señala que al comienzo de las negociaciones las partes acordarán suspender la aplicación de medidas, especialmente aquellas que pudieran afectar la prestación de los servicios públicos esenciales que garantizan la salud, educación, justicia, el transporte, la libertad y la seguridad.