Luego de algunos reveses, la Provincia se rearma por dos carriles separados para hacer frente al conflicto con La Pampa por el río Atuel.

Por un lado, buscará emprender un nuevo camino de entendimiento con el gobierno pampeano, a través de proponer una serie de obras necesarias que resuelvan el problema de fondo: el aprovechamiento del agua. El protocolo que se va a presentar prevé cómo se financiará cada etapa.

Pero en el caso de que esto no resulte, y atentos a que la Provincia está a las puertas de un juicio, se pensó en un complemento a la estrategia judicial, con la intención de “reforzar la postura mendocina”. Se trata de la incorporación de la figura de “amicus curiae”, en la que nuevos actores sumarán sus pruebas.

Estos actores saldrán, justamente, de la “comisión de seguimiento del conflicto por el río Atuel”, que se conformó en Alvear y que ayer se reunió durante la tarde para delimitar esta estrategia que se encarará desde los dos frentes.

El cónclave está conformado por el intendente de Alvear, Walter Marcolini, concejales, representantes de distintas áreas, los regantes y dos especialistas: Aldo Guarino Arias, jurista experto de Aguas y Ambiente, y Marcelo Romano, abogado del agua y defensor de los regantes de San Rafael.

A la reunión de ayer, se sumó el fiscal de Estado, Fernando Simón, que viajó hasta el sur provincial para explicar el estado judicial en el que se encuentra la causa, pero también para rearmar la estrategia de la defensa. “Esa comisión va a ser la usina de la solución”, señalaron.

Este posicionamiento mendocino vendrá luego de dos reveses recientes, que reavivaron la vieja disputa con La Pampa por el río declarado interprovincial. El primero se remonta al 7 de junio pasado, cuando la Procuración General de la Nación rechazó la primera instancia de la defensa mendocina y promovió que el siguiente paso sea el juicio ante la Corte Suprema de la Nación.

El segundo es el fallo de la ONU que se conoció la semana pasada, en el que invitó a la Nación a buscar acuerdos. Esta sentencia no vinculante fue festejada por La Pampa, ya que esa opinión fue en respuesta a un pedido de ellos y terminó inclinándose a favor de su postura. 

Uno de los caminos a seguir es una carta que la vicegobernadora, Laura Montero, enviará al gobernador pampeano, Carlos Verna, con un plan de obras necesarias para solucionar el problema de fondo: la falta de agua y la necesidad de optimizarla.

Este “protocolo de entendimiento” apela al fallo de 1987, en el que exhorta a las provincias a celebrar acuerdos. El nuevo intento de acuerdo propone, en base a las obras a realizar, que La Pampa suspenda los plazos del juicio.

En la misiva, se retoma el pedido de la ONU de que la Nación tome parte activa en la resolución del conflicto, lo que se traduciría en el financiamiento de un plan de obras.

“Consideramos que la solución no está en los expedientes y sentencias, sino en las obras pertinentes para conseguir los excedentes hídricos y así tanto nosotros como La Pampa, podamos regar”, consideró Romano y detalló el plan de obras.

La primera etapa consiste en la impermeabilización de la red primaria del Atuel en San Rafael y Alvear, obra que debería ser financiada en un 50% por la Nación y en un 25% por cada provincia. Una segunda etapa es el recrecimiento definitivo del canal marginal del Atuel, para transportar los excedentes que se consigan a partir de la primera obra y llevarlos a La Pampa. El financiamiento sería del 50% de la Nación y 50% de La Pampa.

En tercer lugar, está la construcción de un canal impermeabilizado desde la última toma de Mendoza, que es Carmensa, hasta La Puntilla, en La Pampa. Esta obra sería financiada en la misma proporción entre La Pampa y Mendoza, con un 25%, y un 50% de la Nación.

Por último, la cuarta etapa prevé la instalación de una estación de medición de caudales, financiado en las mismas proporciones que la obra anterior.

“El plazo de construcción de estas obras serían 4 años, y se iniciarían a partir de 2017”, señaló Romano y dijo que la encargada de tender este puente de negociación es la Vicegobernadora.

 

Regantes se sumarán a la causa

El intento de acuerdo no desconoce que ya hay un proceso judicial armado. En este sentido, la Fiscalía de Estado intenta sumar herramientas.

Del cónclave de ayer surgió poder sumar a los regantes y a la comisión en general dentro de la defensa, bajo la figura de amicus curiae (amigos del Tribunal). 

“Esto va a permitir que cualquier novedad que exista, seamos notificados y no como ahora, que nos enteremos por los medios o cuando podemos ir a Buenos Aires y husmear el expediente”, explicó Román. 

También, apuntó: “Vamos a poder incluir elementos que complementen la defensa y que ayuden a sostener la posición mendocina”.