Camargo Correa, Esuco, Benito Roggio, Supercemento y José Cartellone Construcciones son las firmas que quedaron bajo la lupa del magistrado, que investiga supuestas irregularidades en los contratos licitados por AySA, la empresa pública de aguas.

Casanello pidió "disponer una inspección" con distintos objetivos: "relevar el flujo de dinero; diseñar una estructura de costos y gastos; determinar la posible existencia de cuentas no registradas o de doble contabilidad, asientos simulados, transacciones incorrectamente identificadas o registros incorrectos; determinar la existencia de facturación sin prestación efectiva de servicios durante el período 2008 hasta la actualidad".

La hipótesis de los investigadores es que los fondos utilizados para los sobornos pudieron haber salido desde las arcas de los socios locales o bien desde la estructura argentina de Odebrecht.

Con esta medida de prueba, la Justicia evalúa otra posibilidad sobre el origen de los fondos con que se habrían pagado los sobornos para quedarse con la obra.

La auditoría sobre las cuentas de las compañías hará foco en las posibles actividades ilícitas que puedan haber ayudado a justificar en los balances el desvío de fondos, como el caso del uso de facturas falsas, entre otros mecanismos.

Los consorcios encabezados por Odebrecht y Camargo Correa se quedaron con dos millonarios contratos para la construcción de plantas de AySA, que son investigados por irregularidades en las licitaciones.