Para Tres Arroyos tiene un valor adicional porque uno de los profesionales que integran el grupo de científicos que lleva adelante esta iniciativa es Andrés Oscar Aymonino, quien nació en nuestra ciudad, es licenciado en Electrónica, profesor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur y miembro del equipo del Conicet en Bahía Blanca.

El mencionado profesional es hijo de Oscar Aymonino, quien durante muchos años integró la redacción de La Voz del Pueblo y se desempeñó también con anterioridad en el desaparecido diario La Hora. Tiene 46 años y su hermano menor, Pablo, reside en Tres Arroyos.

Un cambio

El artículo sobre este tema, al que La Nación le dedica la contratapa de su cuerpo central, indica que el grupo de científicos argentinos es liderado por el investigador y auditor ambiental Sergio Raúl Ferrari, a quien acompañan los ingenieros Alberto Gauna, Angel Alberto García, María Soledad Alí y Andrés Aymonino. A ellos se sumaron además agrónomos y sanitarias, con una nómina que incluye a Daniel Adamantino, Luis Eduardo Pérez Farras, Jorgelina Gossio, Miguel Ángel Zuccaro y Luciano Silva Vizzi.

Con una combinación específica de enzimas y bacterias, consiguieron limpiar el arroyo del Rey, en Lomas de Zamora, parte del Riachuelo. La prueba piloto fue impulsada y recibió la aprobación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), ente estatal tripartito que debe sanear el curso de agua. Los especialistas, no obstante, habían iniciado la tarea con anterioridad a ser convocados.

En 2011, con la empresa MDT, los profesionales ganaron la licitación para concretar la prueba piloto. Se montó en 2012 una planta en el arroyo del Rey para tratar 10.000 litros de agua por hora y funcionó hasta fines de ese año con un resultado muy positivo. "Los estudios de la Acumar no sólo mostraron mejoras notables en los índices de carbono orgánico, hidrocarburos y coliformes, sino que además se habían generado bancos de peces y los vecinos -contentos de haber dejado de sentir olor a podrido- se ocuparon de cuidar los espacios verdes que bordeaban el arroyo", destaca en la nota La Nación.

Complejidad

Más de mil industrias vuelcan desechos en el curso de agua. Son nueve los arroyos que llevan la contaminación industrial desde el interior de la cuenca hacia el cauce central: Cildáñez, Morales, Chacón, Don Mario, Ortega, Santa Catalina, Del Rey, Cañuelas y Cebey.

La propuesta de los científicos es colocar una planta en la desembocadura de cada arroyo, para que el agua llegue limpia. Si se lleva adelante en forma integral, estiman que la tarea podrían demandar entre dos y tres años, con un costo de 300 millones de dólares, o bien se podría sanear uno a la vez en un plazo más extenso.

Sergio Raúl Ferrari argumentó que hasta tanto se reconviertan y controlen la manera en que vuelcan los desechos, las industrias deberían pagar un canon para sostener la planta. De esta manera, se garantizaría la limpieza del agua y las industrias estarían ante la necesidad de adecuarse; "les va a salir más barato que pagar el canon por contaminar", señaló Ferrari.

La licitación realizada en 2011 preveía que si la prueba era exitosa, podría replicarse en el resto de las áreas. Esto no sucedió durante la gestión anterior y tampoco ha ocurrido en los primeros meses del actual Gobierno. Desde la Acumar sostienen que en estos momentos la prioridad consiste en "evitar la fuente de contaminación", por lo cual se incrementó la exigencia a las empresas.

Desde la ciencia y con el aporte de un tresarroyense, se brindó una posible solución ante un problema histórico y complejo. Más allá del camino que elijan seguir, las autoridades deben adoptar medidas porque el Riachuelo -desde hace bastante tiempo- implica una amenaza para la salud de una importante cantidad de habitantes que viven en sus inmediaciones.

El fallo de la Corte en 2008

La Corte Suprema de Justicia ordenó en un fallo de julio de 2008 recomponer el medioambiente en la cuenca Matanza-Riachuelo, estableció las obligaciones de la autoridad de la cuenca y los plazos que se deberían cumplir. El pronunciamiento no dio lugar a una modificación significativa en los años siguientes.

La sentencia llevó la firma de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay. No firmó Enrique Petracchi por haber estado ausente.

El máximo organismo judicial requirió que la autoridad de cuenca inspeccione en un plazo de 30 días todas las empresas de la zona para lograr el tratamiento de sus efluentes o su clausura; que erradique basurales clandestinos y asentamientos en un período de un años; así como la puesta en marcha de un plan sanitario, realizar tareas de limpieza, ampliar las redes de agua potable, desagües y cloacas.

Estableció además que el control estaría a cargo del juzgado federal con asiento en Quilmes, de la Auditoría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, de varias ONG y, en última instancia, de la propia Corte.