Según establece “tendrán derecho a una pensión graciable todas aquellas personas que hasta el 10 de diciembre de 1983 hayan sido privadas de su libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles”. Estas pensiones buscan reparar a aquellas personas que por haber estado detenidas durante el terrorismo de Estado se les afectó su vida laboral y, por consiguiente, tuvieron una interrupción en sus aportes previsionales. Los beneficiarios, hoy en día, son personas adultas mayores con derecho a una vida digna. En pos de propiciar su implementación, la jefa de la UDAI Tandil, Micaela Herrera; el titular de la oficina Regional de Anses, Facundo Llano; el fiscal Walter Romero, de la Fiscalía Federal en Tandil; responsable del área de Derechos Humanos de la Unicén, la abogada María Nazábal; la representante de la ONG Memoria por la Vida en Democracia, Petra Marzocca; y demás presentes, celebraron un convenio marco y brindaron los detalles de su alcance.  En la oportunidad, Facundo Llano explicó que “la idea es brindar cobertura en las políticas reparatorias de derechos humanos”. Para ello, resaltó que “contamos con un grupo importante de instituciones, el trabajo lo viene haciendo la fiscalía, los organismos de derechos humanos, la Universidad. Es brindar asistencia y toda la cobertura en materia previsional, social, a todas aquellas víctimas en la época de la dictadura”.  

El trámite  

En este caso, puntualmente, indicó que “Anses va a iniciar los trámites para lo que es la pensión graciable determinada por la Ley 26.913, recientemente reglamentada por la Presidenta de la Nación, y mediante el convenio firmado por Diego Bossio y Martín Fresneda, todas las UDAI del país van a recibir esos trámites, articular con los organismos de derechos humanos, la fiscalía y con la Secretaría a nivel nacional para acercar este derecho que hoy está plasmado en la ley, y es a eso a lo que nos encontramos abocados”. “Pero además -remarcó el funcionario- al resto de las políticas reparatorias que se vienen llevando a cabo desde 2003 hasta la fecha, y con el beneplácito de contar con el compromiso de la fiscalía, Universidad y los organismos que para nosotros es importante contar con estas instituciones”.  Los posibles beneficiarios deberán así hacer el trámite en las Unidades de Atención Integral (UDAI) de la Anses más cercana a su domicilio, facilitando de este modo el acceso a esta pensión.  El formulario necesario para iniciar este trámite está a disposición en las UDAI. Los trámites se pueden realizar por derecho propio y en forma personal. La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nacional es el órgano de aplicación del presente régimen, y la Anses se encarga de recibir todas las solicitudes de los beneficiarios y efectuar los pagos.  Llano resaltó que “vamos a tener personal especializado para brindar esa cobertura y asistencia, sabemos que es un tema delicado, que se acerquen con confianza a la Anses, a la fiscalía, a la Universidad o a los organismos de derechos humanos, que todos van a manejar la misma información, a los efectos de realizar un buen trabajo y que aquel que sea titular de derecho, efectivamente lo pueda ejercer”.  

El compromiso desde la Justicia  

Por su parte, el fiscal Walter Romero dijo que en principio no poseen un estimativo de la cantidad de personas que pueden llegar a acercarse con este fin a la sede de la Regional de Anses. No obstante, subrayó “el compromiso del Ministerio Público Fiscal, no solamente en la investigación de los crímenes de lesa humanidad, sino también en la reparación de las víctimas”. En este sentido, señaló que “recientemente la Procuración creó una unidad especial que está destinada a la protección integral de la víctima y en este caso en el último terrorismo de Estado”. Por ello, consideró que “la subscripción de este convenio forma parte de la política institucional del Ministerio Público Fiscal y hacia ellos está dirigido el esfuerzo”. De todos modos, el fiscal mencionó que “hay otras leyes reparatorias también, ésta forma parte de otra reparación que hace el Estado en reconocimiento de derechos a las víctimas del terrorismo de Estado”. u        

El compromiso de Tandil con los derechos humanos  

En 2006, en el marco de los Juicios por la Verdad, se conformaron por primera vez en Tandil los tribunales que dieron fuente testimonial fundamental para los juicios penales posteriores y que pusieron de relieve la complicidad civil en la dictadura. En los últimos años, se ha reafirmado la lucha por los derechos humanos que han adquirido mayor status público y mayores niveles de conciencia social respecto de la necesidad de reafirmarlos cotidianamente, no sólo para la reconstrucción de la memoria histórica, sino para poder proyectar una visión de presente y futuro que se funde en la verdadera ética de la democracia reduciendo los efectos que aún persisten. El grupo Memoria por la Vida en Democracia ha tenido una marcada intervención en la reconstrucción de la historia reciente llevando a cabo diversas actividades que tienen que ver con la lucha, defensa y reivindicación de los derechos humanos. El Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía Federal local, tiene la función de investigar los delitos que son competencia de la justicia federal, entre los cuales se encuentran los delitos de lesa humanidad cometidos en Tandil y toda la zona de influencia, durante la última dictadura cívico militar. En tanto, el Programa de Derechos Humanos de la Unicén, creado en 2012, refleja la profundización del compromiso de la universidad pública con la construcción de una cultura de derechos humanos en un estado democrático, con la convicción de que incorporar como parte de esta el respeto a la libertad y la dignidad de todas las personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación, es una tarea ineludible.  Finalmente la Anses, como ente rector de la seguridad social, no se encuentra ajena al acompañamiento de las personas y a la cobertura de sus contingencias desde la misma concepción y durante el transcurso de sus días.  En este sentido, es necesario fortalecer el rol de los trabajadores del organismo para asistir a las personas que soliciten la tramitación de los beneficios establecidos, contemplando su historia laboral y advirtiendo –sin revictimizar - las necesidades de apoyo y acompañamiento que cada beneficiario requiera y la interacción o derivación a los demás organismos que subscriben el convenio.