En el marco de la pelea entre el Gobierno y Hugo Moyano, la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Sandro Taricco, junto a los gremios más importantes de la CGT, apuntan a instrumentar una modalidad de reparto “para hacer más transparente el sistema” según revelaron voceros del ejecutivo.

El plan propondría la creación de un organismo, la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que se encargaría de determinar cuándo una obra social debe recibir fondos para afrontar tratamientos de alta complejidad.

Esta agencia estará integrado por expertos en medicina, técnicos, abogados y científicos, y se ocuparía de decidir cuándo una obra social deberá recibir el dinero necesario para ayudar en la recuperación de la salud de un paciente que necesita un remedio o un tratamiento de alto precio.

Esas prácticas para enfermedades de alta complejidad tienen un costo de miles de dólares.

El objetivo de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria sería controlar hechos de corrupción, como por ejemplo cuando algunos gremios falsifiquen la existencia de pacientes que pueden ser inscriptos para recibir esos remedios, y recaudar fondos de modo ilegal.

Sobre todo, este organismo buscaría que los grandes laboratorios no frenen con medidas cautelares los tratamientos de gente que realmente sí necesita el financiamiento más caro para mejorar su salud.

Esta medida se suma a muchas otras que Macri ya dispuso en relación con las obras sociales, como la reducción del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), para compensar asimetrías entre las dependencias y la obligación de los jefes de estas asociaciones de presentar sus declaraciones juradas. Y la baja de obras sociales con pocos afiliados y problemas económicos.

Uno de los funcionarios que están dando impulso a este cambio para los sindicato, reveló que el nuevo esquema incluirá “premios y castigos” para aquellos gremios que no tengan sus cuentas en relativo orden.

Y una cosa es segura, aseguran los que participan del grupo que analiza las nuevas medidas: Moyano ya no estará entre los más beneficiados por el repartode dinero de la Superintendencia de Seguros de Salud, como ha ya ocurrido.

Moyano no fue consultado en ningún momento por la Casa Rosada para imponer estas nuevas medidas dijeron en Gobierno.