El vocero del ex gobernador Alperovich en el Concejo Deliberante, David Mizrahi, aseguró que el Concejo sólo está habilitado para autorizar compras o ventas de inmuebles, pero no la expropiación mediante declaración de un inmueble como bien de utilidad pública. Mizrahi se apoyó en tres puntos para sostener su postura. Por un lado, el artículo 17 de la Constitución Nacional: “la propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada de ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. 

“De esta forma no puede ser por ordenanza. La ley de Expropiación provincial (N° 5.006) establece que podrán ser sujetos expropiantes el Estado Provincial, las municipalidades, entes autárquicos y las empresas del Estado siempre que estén expresamente facultados para ello por sus respectivas leyes orgánicas o leyes especiales. La ley Orgánica de Municipalidades (N° 5.529) declara en su artículo 77 de utilidad pública y faculta expropiar siempre y cuando sea para hacer caminos o rutas, intención que no es la de la Municipalidad”, complementó el edil, acerca de los otros dos argumentos.

Según afirmó, las opciones para que la Intendencia adquiera la casona de Salta 532 serían la permuta con el edificio de la ex Dirección de Tránsito (Buenos Aires primera cuadra), o la compra. Sin embargo, extraoficialmente se conoció que la firma dueña de la casona no estaría de acuerdo con venderla.

La casa Sucar quedó en medio de una batalla política la última semana de 2016. Si bien desde 2012 la empresa Viluco S.A. (grupo Lucci) intenta demolerla para dar lugar a un potencial proyecto inmobiliario, diferentes actores intentan preservarla.

La empresa logró en junio un fallo favorable de la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, dando lugar a un planteo para la demolición de la vivienda, que no forma parte del listado de propiedades protegidas de la Provincia. Para evitar la demolición, el vecino Carlos Duguech presentó una cautelar para detener cualquier acción hasta que se resuelva un pedido para que la casona ingrese en la planilla de propiedades protegidas (Ley N° 7.500).

En la sesión del 28 de diciembre, legisladores radicales pidieron sobre tablas tratar su expropiación para reciclarla como centro cultural, pero no tuvo el acompañamiento de la bancada oficialista. El gobernador Juan Manzur rechazó luego la posibilidad de expropiarla. Antes de fin de año, el intendente Germán Alfaro anunció que intentarían permutarla con otro inmueble municipal, o que lo venderían para contar con fondos para expropiarla.