Acumula denuncias el posible candidato a vicegobernador de Peralta para 2015

Acumula denuncias el posible candidato a vicegobernador de Peralta para 2015

A un fallo judicial que significará un importante costo para el erario municipal de Pico Truncado, que desde fines de 2011 negó el pago salarial a tres empleadas de planta permanente del Concejo Deliberante, se suman denuncias penales contra el intendente Osvaldo Maimó, por su manejo discrecional y arbitrario, abuso de poder y destrato del poder legislativo.

 

 

Así lo detalló a TiempoSur la concejal del Frente para la Victoria Patricia Huenchumil, quien adjudicó al hecho de que el Intendente no pudo imponer en los últimos tres períodos a su candidato a la Presidencia del Concejo Deliberante, la sucesión de medidas arbitrarias tomadas desde el Ejecutivo.

El aumento de la tarifaria municipal implementada por decreto, luego de ser rechazada por la mayoría del Concejo Deliberante la propuesta oficial, diferente de lo que se estaba tratando en comisiones del cuerpo, sin que a su vez se brinde información de la recaudación y el destino de esos fondos, fue también motivo de denuncia por parte de las concejales Huenchumil, su par del FPV Viviana Martínez, actual titular del Deliberante, y la radical Norma Nahuin.

Maimó, quien es sindicato por el gobernador Daniel Peralta como posible compañero de fórmula para 2015 por su trayectoria y prestigio en el PJ, es denunciado por concejales de Pico Truncado por no permitirle al Concejo Deliberante fijar y manejar su presupuesto, ni contar con información sobre la gestión que es solicitada por notas y resoluciones, en los últimos tres períodos.

“Jamás fue posible una reunión con el Intendente, que pretendemos para poder trabajar en forma coordinada, y durante más de dos años venimos pasando por situaciones realmente tremendas”, dijo aportando que hasta en lo protocolar son desconocidas por el municipio.

Huenchumil contó que en oportunidades en que el intendente Maimó se ausenta de la localidad, y es el presidente del Concejo Deliberante el que queda a cargo del municipio, el despacho comunal queda cerrado y no es permitido ejercer la línea sucesoria como corresponde legalmente: “Sólo reconoce el Intendente la representatividad de los dos concejales que le son afines”, se quejó.

Los concejales decidieron llevar la queja a denuncias formales, y así lo hicieron primero por la situación de tres empleadas y luego, también, por considerar que el intendente Maimó pretende “hacer lo que quiere” y “no respeta la división de poderes, negándonos presupuesto y todo tipo de gastos de funcionamiento que tenemos que solventar por nuestra cuenta”.

Interna. El Concejo Deliberante de Pico Truncado está conformado por cinco concejales, cuatro del Partido Justicialista, y una –no tres, como por un error involuntario se deslizó en la edición de ayer-, de la Unión Cívica Radical.

Del lineamiento Frente para la Victoria, Patricia Huenchumil llegó al Concejo Deliberante por el Sublema que impulsó la candidatura a intendente de Gianfranco Casarín, y Viviana Martínez, por el sublema que impulsó la candidatura de Osvaldo Pérez, el actual Secretario de Estado de Seguridad e Interior de la Provincia.

Otros dos concejales del Partido Justicialista, son afines al intendente Osvaldo Maimó, Patricia Viejo y Miguel Farías.

Desde la conformación de este nuevo Concejo Deliberante, el intendente Maimó no logró imponer a su candidato a la presidencia Miguel Farías, y en cambio, como mayoría opositora, aunque dos de ellas justicialistas, las concejales Huenchumil, Nahuin y ahora Martínez, han rotado en la presidencia del Concejo Deliberante, desde donde vienen denunciando distintos manejos del Ejecutivo.

En el caso del fallo del Superior Tribunal de Justicia, favorable a las empleadas de planta permanente que habían sido desestimadas como planta permanente, la situación se remonta al mes de noviembre de 2011, cuando a poco de dejar su mandato, el concejal José Alberto Alonso, en el uso de sus facultades, firmó el correspondiente instrumento legal.

El Tribunal Superior de Justicia resolvió en el conflicto de poderes, fallando a favor de la presentación realizada por las concejales, y las empleadas deberán cobrar todos los haberes no percibidos, en dos de los casos, hasta que decidieron renunciar, incluyendo aumentos. Y en uno de los casos, hasta la actualidad y su continuidad.

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