Por: Jesús Allende

El Gobierno designó como subsecretario de Obras Hidráulicas, una dependencia del ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis, a Gustavo Villa Uría, un funcionario que ya pasó por la gestión pública nacional. Formado como ingeniero, fue director ejecutivo de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) durante el kirchnerismo, y fue echado luego de una andiencia pública entre ese organismo y la Corte Suprema.

La designación de Villa Uría se concretó mediante el decreto 31/2020, publicado en el Boletín Oficial. Graduado en la Universidad Nacional del Litoral, formará parte del organismo que tiene entre sus funciones la canalización para recuperar tierras fértiles para la producción agropecuaria, la realización de obras de mantenimiento de suelos y obras de irrigación para el desarrollo agrícola.

El funcionario es recordado en el área por su gestión en Acumar, el ente creado en 2006 que se encarga de la ejecución del Plan Integral de Saneamiento de una de las cuencas hídricas más contaminadas del país. Fue presidente del organismo desde noviembre de 2009 y junio de 2011. En ese momento, debió dar un paso al costado luego de una dura audiencia celebrada entre ese ente y la Corte Suprema de Justicia, en la que el máximo tribunal criticó la falta de relevamiento de datos sobre los habitantes ribereños afectados por la contaminación.

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Su salida de Acumar fue un coletazo de esa convocatoria, en la que los jueces supremos cuestionaron la metodología empleada por el organismo para llevar adelante un plan de saneamiento del Riachuelo así como la falta de resultados concretos. "El método de pesquisa me parece poco serio", disparó en ese momento la jueza Elena Highton de Nolasco al entonces secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi.

"Vamos a hacer métodos comparativos entre los resultados de la cuenca con otro lugar donde estén dadas las mismas condiciones socioeconómicas", se defendió Mussi. Sin embargo, tras la audiencia se decidió un recambio en las autoridades de Acumar.

El fallo Mendoza

La causa Mendoza se inició en el 2004 luego de un reclamo judicial por parte de vecinos de Dock Sud en compañía de un grupo de profesionales médicos, movilizados por la contaminación y daños sufridos en la población de la zona, especialmente en los menores de edad. Se señalaron como responsables al Estado Nacional, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

El avance del juicio supuso que desde el estado nacional se cree el comité Acumar como solución al reclamo, que coordinaría a los tres gobiernos demandados para llevar adelante el saneamiento de la cuenca.

Fueron autorizados como terceros interesados para intervenir en la causa la Asociación de Vecinos de la Boca, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) , hoy a cargo de Andrés Nápoli. En 2008, en un fallo inédito para la justicia del país, la Corte exhortó a las autoridades públicas a llevar adelante el plan saneamiento que tendría inspecciones periódicas de su cumplimiento por el poder judicial.