En octubre, el Gobierno Nacional y las provincias se propusieron abrir el debate hacia la conformación de un Nuevo Acuerdo Federal Minero antes de fin de año. Para eso, los 23 distritos que conforman el Consejo Federal de Minería (COFEMIN) deberán llegar a un acuerdo sobre los 39 puntos del borrador discutido en la Casa Rosada. El secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, sostuvo que la tarea del convenio es “conciliar los intereses de la Nación y de las provincias mediante un instrumento que permita la sustentabilidad del sector para al menos los próximos 30 años”.

“Nuestro compromiso -destacó- es establecer condiciones favorables a la inversión minera, que se traduzca en más trabajo y más oportunidades de desarrollo para toda la población, en especial aquella históricamente más relegada”.

Entre los 39 puntos tratados por las provincias se encuentran los aspectos económicos y tributarios de la actividad, cuestiones de desarrollo productivo, de naturaleza ambiental, aspectos comunitarios y sociales, entre otros puntos.

El perjuicio, para las provincias

En contraposición a los buenos augurios planteados desde Nación, el secretario de Estado de Minería de Santa Cruz, Guillermo Bilardo, advirtió que el nuevo convenio intenta modificar aspectos inherentes a la toma de mano de obra local, a la Responsabilidad Social Empresaria, al compre local, como así también sobre el rol del Estado a través de las empresas públicas.

“No se podrá establecer más como prioridad la contratación de trabajadores radicados o nacidos en Santa Cruz, al igual que para la provisión de bienes, servicios e insumos, ya que prohibirá la celebración de acuerdos o normas que apoyen esta política de Estado”, puntualizó. Además, el funcionario señaló que “si bien las modificaciones tienen en cuenta la necesidad de desarrollar proveedores de cada uno de los eslabones de la cadena de valor, perjudican al empresariado local al establecer que será sin priorizar a los proveedores santacruceños”. Evidenció, entonces, que esa política acciona “a contramano de los esfuerzos que se realizan conjuntamente con la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz o de la Federación Económica”.

El beneficio, para las empresas

Más adelante, Bilardo explicó que “en materia de Responsabilidad Social Empresaria, desde el Gobierno Nacional plantean dejar sin efecto la inversión que las operadoras están realizando en Salud, Educación, Vivienda o Seguridad”, un opuesto a la intención del Fideicomiso UNIRSE –creado por la provincia- por el que se destina el aporte de las mineras a esos sectores. Por último, afirmó que de concretarse los cambios, “FOMICRUZ saldría perjudicada, ya que no podrá ser primera opción para adquirir derechos mineros de cualquier índole”.

“El Acuerdo Minero que propone el Gobierno Nacional perjudica a las provincias”, enfatizó el funcionario y aseguró que “el único beneficio sería para las empresas que verían, una vez más, aumentada su renta. Nosotros vamos a proponer su discusión en el ámbito de la Organización Federal de Estados Mineros de la que participan los gobernadores”, anticipó.