El diputado vernista Juan Pablo Morisoli comparó esa ambición con la del menemismo, cuando para facilitar las privatizaciones logró una legislación en la que simplemente se autorizaba “la venta de los bienes del Estado”, sin otras precisiones ni exigencias.

El vernismo sigue dando mensajes, y no son buenos para el gobernador Oscar Mario Jorge. A esta altura parece muy claro que la propuesta para que se avale lo actuado por el Ejecutivo en el marco de la obra del segundo tramo del acueducto del río Colorado no tendría aval legislativo.

Esa necesidad surgió cuando el Tribunal de Cuentas le advirtió al gobernador que los cambios en la forma de financiamiento del emprendimiento ocasionarían que se rechacen las certificaciones, ante la seria chance de que alguna de las firmas que perdió la licitación demande a la Provincia.

En resumen: la obra que se licitó en 2009, que se adjudicó en 2013 y cuyo inicio se anunció en junio de este año en plena campaña electoral, no tiene respaldo jurídico ni contará con la legitimación del organismo de control. A excepción de que la Cámara de Diputados apruebe un proyecto donde puntualmente exprese su aval.

Pero eso no será así. “Esta nueva propuesta, que aun no ha llegado, pero la he leído en los diarios, no va a tener eco, al menos en mi persona y creo que en el bloque tampoco”, advirtió el diputado vernista Juan Pablo Morisoli.

El legislador señaló que “en realidad me hace acordar a las leyes del gobierno de Menem, que en dos renglones decía ‘autorízase al Estado nacional a vender sus bienes’ y eso desembocó en una debacle que aun hoy tratamos de solucionar. Son recursos de aquellas terribles leyes”, comparó.

Consideró que en todo caso “el gobierno tiene que presentar un plan, mostrarlo, demostrar que sirve. Frente a un ‘autorìzase lo actuado hasta la fecha’ yo no voy a levantar la mano”, aseveró.

El segundo tramo del acueducto del río Colorado, hacia General Pico, había sido anunciado en plena campaña electoral por el gobernador Jorge y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Antes de que trascendiera la decisión del TdC, el ministro de Obras Públicas, Horacio Giai, había admitido que no se estaba haciendo nada vinculado con la obra, que tiene una notable demora y sobre cuyos inconvenientes ya habían advertido distintos sectores políticos: tanto el vernismo como el FrePam señalaron que podría haber problemas legales para la continuidad.

Jorge habría “tanteado” a las autoridades del Tribunal de Cuentas respecto de su posición frente al tema: la respuesta por parte del Tribunal que preside José Sappa ya es formal.

La licitación fue preadjudicada en diciembre de 2009 a una unión transitoria de empresas (UTE), conformada por OAS y Supercemento. Pero desde entonces hubo sensibles modificaciones. Una adjudicación más definitiva se concretó en julio de 2013, por casi 380 millones de pesos. El escándalo de corrupción en Brasil tuvo su impacto: el Banco de Desarrollo de ese país no aportó el financiamiento previsto y el Gobierno Nacional anunció que se haría cargo del dinero necesario para el emprendimiento, nada menos que 1.300 millones de pesos.

El Tribunal de Cuentas no acepta como legal esa modificación, o plantea que en todo caso requiere de un aval legislativo que en las condiciones actuales el Gobierno Provincial no tiene.

Al conocerse la decisión del TdC, la diputada Claudia Giorgis recordó que en su momento ella había advertido sobre lo que podía ocurrir: dijo que la segunda parte del acueducto es, como el Megaestadio, “otro clavo”. Además de recordar mediante una cronología los pesares relacionados con la obra, la legisladora señaló que “hoy la realidad no da la razón”.

La diputada aseveró que el Gobierno Provincial “no debe buscar cómplices en la Legislatura” para continuar con la “megamentira”.

Giorgis elaboró un pedido de informes en el que requiere que se envíe a la Cámara de Diputados el expediente referido al emprendimiento. A su criterio, además, “es la confirmación de un hecho de una desmesurada insensatez propia de algún magnate del poder, ¿cómo puede luego de 6 años muy suelto de cuerpo el Ejecutivo otorgarle la obra cuando todo el procedimiento ya está caduco?. Una licitación tiene plazos, en este caso ya vencidos por supuesto. Esos plazos tienen una razón de ser. Proteger los intereses de la Provincia, saber que la empresa que gane la licitación está en condiciones de hacerla y a esto el Ejecutivo le está haciendo la vista gorda”, denunció.