Por otra parte en Tribunales se anuncia una asamblea callejera convocada por el gremio de los trabajadores judiciales, la CTA y la Federación Judicial Argentina, tras la denuncia contra Garello por supuesta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, para exigir que el funcionario sea destituido de su cargo.

El encuentro está previsto para las 12.30 y es  convocado por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y la Federación Judicial Argentina (FJA).

En cuanto a la conferencia de las Abuelas, desde esta entidad se anticipó que “La Suprema Corte tiene dicho que en ejercicio de la superintendencia Poder Judicial cuenta con suficientes atribuciones para intervenir en toda cuestión que pudiera afectar la normal prestación del servicio de justicia y en situaciones en las cuales se acusa a magistrados de la comisión de delitos comunes les ha otorgado licencias compulsivas separándolos de sus cargos mientras se tramita el jurado de enjuiciamiento que tratará su destitución definitiva.

Desde las Organizaciones peticionantes “consideramos que dejar en manos de un funcionario de la última dictadura militar con una seria sospecha de participación en la comisión de delitos de lesa humanidad, la política criminal aplicable en un departamento judicial de tanta conflictividad social como lo es el de Mar del Plata afecta a la recta justicia y mucho mas aún cuando tiene sobre si la experiencia de haber sido parte del engranaje represivo la inteligencia estatal del terrorismo de estado que estuvo orientada al espionaje, infiltración, persecución, detención y desaparición de activistas políticos, sociales, sindicales, religiosos y de derechos humanos”

Finalmente afirman: “Debemos tener presente también que Fernández Garello ocultó su condición de ex agente de inteligencia en los diferentes procesos de selección que transitó  previo a ser designado como juez de garantías y luego como fiscal general del departamento judicial de Mar del Plata conducta que incompatible con el ejercicio de la función pública en un estado democrático de derecho”