Abren el diálogo por la crisis en Yerba Buena

Abren el diálogo por la crisis en Yerba Buena

El vicegobernador Jaldo, a cargo del Poder Ejecutivo, encabezó un encuentro con el intendente Mariano Campero y con el legislador Ariel García. Ambos lideran sectores del Concejo Deliberante que, desde hace más de un año, están enfrentados. Aún no hubo acuerdo

Media hora. Ese es el tiempo que demandó la discusión en una mesa abierta por la Provincia, cuyo objetivo final es encauzar el conflicto institucional en Yerba Buena.

Ayer, en Casa de Gobierno, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo; el intendente de la “ciudad jardín”, Mariano Campero; el legislador radical, Ariel García y ediles afines a Campero inauguraron un “espacio de diálogo”. El tema central fue cómo lograr que el Concejo Deliberante de la Ciudad Jardín funcione con normalidad, algo que no sucedió en 2017 por las diferencias políticas entre un sector que responde al jefe municipal y otro liderado por García, vicepresidente segundo de la Legislatura. También estuvo el intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar, a quien los presentes tildaron de “nexo” entre los radicales enfrentados; y Moisés García, hijo del legislador y secretario de Asuntos Municipales de la JR nacional.

Empeora el conflicto institucional en Yerba Buena

Meses escandalosos

Después de un año disfuncional, parte de los actores parece decidida a buscar una salida diplomática o, al menos, bajar el tono de la confrontación. Todo se dio en “términos cordiales”, manifestaron al salir, donde las palabras diálogo, institucionalidad y gracias se repitieron en cada entrevista.

Una vez más y van... La oposición no dio quórum y se cayó la sesión en el Concejo de Yerba Buena 

Tres ediles oficialistas acompañaron a Campero, que llegó con retraso al cónclave en el despacho de la Gobernación. Adentro ya los esperaban Jaldo, García y Salazar. Junto al intendente arribaron Javier Jantus, Walter “Kabubi” Aráoz y Marcelo Rojas. Estos integran, junto a Héctor Aguirre y José Macome, el quinteto que a fines de diciembre sesionó en minoría y tomó juramento al dirigente Rodolfo Aranda, que desde hace un año esperaba por ocupar una banca y no podía hacerlo por la negativa de los opositores. Luego de esa asunción, los seis reeligieron autoridades del Concejo, y ubicaron al peronista Aguirre como nuevo presidente en lugar del radical Benjamín Zelaya.

Este último forma parte del lote de concejales opositores, alineados a García, junto a Maximiliano García, Lucas Cerúsico y Pedro Albornoz Piossek. Los cuatro judicializaron esa sesión: aducen que carece de validez legal porque nunca hubo quórum para iniciar el debate, ya que el cuerpo tiene 10 bancas y sólo estaban ocupadas cinco.

Investido en una suerte de mediador, Jaldo igualmente aclaró que el de ayer era un primer paso. “Creo que se tienen que sentar todos los concejales de los diferentes espacios y seguramente a partir de ahí producir hechos concretos”, sostuvo el vicegobernador. “Seguro que tienen coincidencias y diferencias, en esta mesa de diálogo se van a poder arrimar muchas ideas para poner en funcionamiento a pleno el Concejo. Nosotros como Gobierno somos mediadores para que las instituciones funcionen normalmente”, insistió.

Jaldo insta a superar las tensiones en Yerba Buena

La reunión, a la que los presentes calificaron como auspiciosa, no cerró el principal frente de conflicto entre las facciones de Yerba Buena: el funcionamiento dentro del Concejo. En rigor, al término de la convocatoria cada uno ratificó su postura ante la prensa. Campero consideró legítimas a las autoridades del Concejo elegidas por los ediles cercanos a su espacio. Y García, en tanto, reforzó su idea de que aquella sesión no se hizo dentro de un marco legal (ambos planteos se informan por separado).

Incluso, el edil Albornoz Piossek confirmó luego a este diario que ese espacio no tiene previsto desistir de las demandas judiciales en contra de Campero, de sus pares oficialistas y de la secretaria del Concejo, Blanca Josefina Alvillos. “Siempre voy a estar a favor del diálogo político. Lo que sí me queda claro es la preocupación -y miedo- del intendente Campero y de sus aliados por la definición de la justicia sobre la ‘sesión legal’ que llevaron a cabo sin quórum. La posible condena sobre supuestos delitos cometidos por ellos y la secretaria del Concejo es lo que hoy los lleva a querer bajar el nivel de conflicto al que hemos llegado por su culpa”, arremetió el macrista en un escrito. “No voy a retroceder en mi denuncia judicial por el atentado a la democracia que perpetraron en el Concejo el intendente Campero y sus aliados”, ratificó Albornoz Piossek.

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