Después de la polémica que generó en octubre del año pasado cuando, desoyendo un fallo de la Corte de alcance nacional aceptó un amparo de la ong Pro Familia, la jueza que prohibió el primer aborto no punible en la Ciudad, Myriam Cristina Rustán de Estrada presentó su dimisión al cargo (Boletín Oficial del 24/05). Con la cuestión de fondo todavía sin resolver, el asunto continúa su cauce en la Justicia porteña con dos medidas cautelares presentadas desde la Legislatura y asociaciones. Las repercusiones tras la noticia.

La diputada de Frente para la Victoria, María Rachid, impulsora de uno de los dos amparos presentados en el juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6 de la Ciudad- cuya subrogante es la jueza Patricia López Vergara- aseguró en diálogo con Noticias Urbanas que “nos alegra la renuncia”. “Estimamos que prefirió hacerlo antes de enfrentar las denuncias que, desde la Mesa Nacional por la Igualdad, presentamos en el Consejo de la Magistratura y en sede penal, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato”.

La jueza Rustán de Estrada- continuó la diputada- “creía que tenía superpoderes, tomaba causas sin sorteo y se expresaba en los fallos de acuerdo a sus creencias religiosas y no es base a la ley y la jurisprudencia”. “Hay que seguir investigando sus actuaciones en la justicia penal”, puntualizó.

Por su parte, Felicitas Rossi, una de las representantes de la Asociación de Derechos Civiles, lugar desde donde (junto con otras organizaciones como CELS, ELA y REDI) impulsaron la segunda acción judicial y están a la espera de una resolución de la cuestión de fondo, en la que reclaman la inconstitucionalidad de lo expuesto en el protocolo elaborado por el Gobierno porteño, declaró: “Es una noticia positiva que haya una jueza menos, una magistrada que no cumplió con lo establecido”.

Sin embargo, lamentó que “no haya garantizado los derechos de la mujer en un caso como éste” y afirmó que “hubiera sido conveniente que la juzgara el Consejo de la Magistratura”.

El fallo en cuestión fue dictado en octubre pasado por Rustán de Estrada y suspendió a último momento la intervención de interrupción de embarazo a una mujer de 32 años víctima de la trata de personas y embarazada tras una violación. La presentación judicial la había realizado la asociación Pro Vida, desde donde optaron por no hacer declaraciones a esta agencia.

A fines de abril, la jueza López Vergara dio la derecha a la Asociación de Derechos Civiles respecto al protocolo de aborto no punible y desestimó varios requisitos de la iniciativa macrista, que representaban “trabas” para llevar adelante la práctica, basándose en varios de los postulados del amparo presentado anteriormente por Rachid.

Esta decisión, en tanto, fue apelada nuevamente por la Procuraduría porteña, que conduce Julio Conte Grand y será la Cámara la que se expida sobre este punto.

Respecto a la causa principal y de fondo, el juez Norberto Gallardo resolverá si el protocolo es constitucional o no respecto a los requisitos incluidos en la Resolución 1252/2012 del Ministerio de Salud, que según manifiestan desde las organizaciones, “obstaculizan arbitrariamente el acceso al aborto no punible de las mujeres en general y de ciertos grupos en particular –adolescentes, mujeres con discapacidad, víctimas de violación- en el sistema de salud público de la Ciudad”.

En septiembre pasado, el Ministerio de Salud dio a conocer el protocolo para estos casos y tras una ajustada aprobación en la Legislatura, el jefe de Gobierno vetó la iniciativa, situación que motivó las múltiples presentaciones en la Justicia.