En sus fundamentos, el proyecto de Abarca sostiene: “La mencionada ley nacional fue promulgada en diciembre de 2015, con el espíritu de fomentar, fortalecer y facilitar la actuación de las entidades de bien público a través de un beneficio especial relacionado al pago de los servicios públicos, ya que las actividades de las mismas están orientadas a favorecer de algún modo a la comunidad toda.”

Como servicios públicos esenciales se consideran al de agua potable, desagües cloacales, electricidad, gas natural y telefonía. Las características generales del régimen son los topes en la facturación, los costos de conexión y/o reconexión a cargo de los prestadores, prohibición del traslado del costo al conjunto de los usuarios, y garantiza la calidad y condiciones del servicio.

El proyecto se basa, además del fortalecimiento institucional, en el preocupante contexto económico actual, en el que las tarifas de los servicios públicos han aumentado a grandes escalas, y la necesidad imperiosa de que las entidades de bien público posean garantías y protecciones para evitar su desaparición, lo que implicaría una gran pérdida en materia de trabajo y contención social para las comunidades.