La CTA Autónoma reclamó la intervención judicial de la empresa Hidden Lake S.A. luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) emitiera la resolución 393/2022, en la que describe irregularidades y solicita a la Justicia comercial que aplique ese procedimiento, tras comprobar que la compañía no presta bienes ni servicios y que cumple la función de una «pantalla jurídica» para impedir el acceso al Lago Escondido.
