La medida, impulsada por la Secretaría de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), permite que cualquier prestador que cumpla los requisitos pueda brindar los cursos, poniendo fin a un monopolio vigente desde 2019 que significaba ingresos anuales por más de 11 mil millones de pesos para el sindicato.
El Gobierno nacional eliminó la exclusividad de la UTA en la capacitación de conductores profesionales
