La libertad de expresión corre serio riesgo en la Argentina. Ayer se registró una verdadera escalada de ataques y agresiones, con claras intenciones políticas, contra medios de comunicación independientes, que tienen una línea editorial cuestionadoras al gobierno nacional.

En ese contexto, justo cuando se cumplió una semana de la entrega gratuita de 60 mil ejemplares por jornada, todos los que realizamos el diario Hoy ayer fuimos blanco de una inédita ofensiva que se instrumentó a través de un grupo de personas que mantuvieron bloqueado, durante más de dos horas, el ingreso y el egreso de periodistas y trabajadores a la redacción. De esta forma, quedó paralizando el proceso de producción del periódico y se coartaron investigaciones sobre el poder político que teníamos en elaboración. En definitiva, fue un claro ataque a la libertad de prensa y al derecho a informar y ser informados que tienen todos los ciudadanos.

Los trabajadores, que intentaban ingresar al edificio ubicado en calle 32 nº 426, eran apretados y amenazados, y permanentemente se escuchaba la siguiente consigna de los que realizaban la violenta protesta: “acá no entra ni sale nadie”. Mientras tanto, los que estaban dentro del edificio, desde periodistas, empleados administrativos y hasta personal de limpieza, habían quedado como rehenes. Fue una privación ilegal de la libertad.

Luego de intentar disuadir a los manifestantes, y al ver que había recolectado objetos contundentes, personal de Infantería de la Policía bonaerense, en un rápido accionar y con absoluto profesionalismo, los dispersaron. Todo se realizó con intervención de la fiscal Ana Medina. Mientras se desconcentraba la protesta, volaron piedras que dañaron vehículos que estaban estacionados sobre la avenida 32.

Entre los que bloquearon el acceso al diario, había integrantes del gremio ATE, minoritarias agrupaciones universitarias de izquierda y hasta personas de barrios socialmente postergados que, evidentemente, habían sido traídas como si fuese ganado para intentar nutrir a una movilización carente de representatividad. 

Los trabajadores y directivos del diario Hoy, como así también los canillitas que diariamente hacen la titánica tarea de distribuir 60 mil ejemplares, agradecemos la intervención de las fuerzas del orden. Y hacemos un llamado de atención ante el accionar de intereses que buscan impedir, por la fuerza, que siga existiendo masividad informativa en la región.

Asimismo, no resulta casualidad que el violento ataque de ayer se realice luego de las investigaciones exclusivas contra la AFIP, que involucran seriamente a su titular, Ricardo Echegaray, y luego de una serie de notas críticas a la forma en que el gobierno K conduce al país.

La postura del gobierno provincial

Tras los incidentes, desde el gobierno de Daniel Scioli, emitieron un comunicado informando que se interiorizó sobre el procedimiento realizado en el diario Hoy para conocer en profundidad los hechos ocurridos ayer por la tarde y asegurar que “no se vulneren los derechos de los trabajadores”. También se informó que el Ministerio de Trabajo informó que ya acordó “un encuentro con representantes gremiales”.

La actitud de las autoridades de la cartera laboral llama poderosamente la atención ya que parecieran querer construir conflicto laboral donde no lo hay. Ninguno de los que bloquearon el acceso al diario Hoy son trabajadores de la empresa. Por el contrario, los verdaderos trabajadores fueron los más perjudicados teniendo que esperar, más de dos horas de horas, para poder ingresar al diario, teniendo que soportar aprietes y amenazas de todo tipo de parte de los manifestantes.

Justamente, la actitud de la cartera que comanda Oscar Cuartango, un abogado laboralista que estaría implicado en el negocio de las tercerizaciones dentro del Estado provincial, se produce en momentos que venimos realizado una investigación sobre escandalosas contrataciones de proveedores en el Ministerio de Trabajo y de personal indebidamente registrado (ver página 5). Cabe destacar que, durante las dos horas que duró el bloqueo, no apareció ni un solo inspector del ministerio para constatar que se estaban vulnerando el derecho de los trabajadores a poder ingresar a su ámbito laboral. Se hicieron presentes mucho más tarde para labrar un acta y notificar una reunión de conciliación, argumentando una denuncia telefónica anónima. Cabe preguntarse entonces: ¿qué es lo quiere conciliar Cuartango, cuando los que bloquearon el ingreso al diario nada tienen que ver con la empresa y fueron movilizados por intereses políticos?, ¿para el ministro se debe “conciliar” con los restringen por la fuerza la movilidad de los trabajadores, privándolos de su libertad y atentando contra la libertad  de expresión? 

Con delincuentes no se negocia, se les aplica todo el peso de la ley.