Patricia Pintos es geógrafa de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y, como parte de un equipo más amplio, hace varios años que analiza el impacto de las urbanizaciones privadas que ocupan humedales y otras zonas ribereñas del río Luján. Para la especialista, se trata de un fenómeno que agrava las inundaciones y forma parte de un proceso que define como "urbanismo neoliberal". En diálogo con el programa radial El Tábano (FM Asteroides 93.9), Pintos marcó la imperiosa necesidad de avanzar en políticas de planificación estatales capaces de frenar el avance descontrolado del mercado. 

- ¿Qué significado tiene el término "urbanismo neoliberal" para describir la proliferación de emprendimientos inmobiliarios en los humedales del río Luján? 

- Los años 90 y el neoliberalismo incidieron muy notablemente en la disminución de la capacidad planificadora de los gobiernos locales y provincial en el ejercicio del poder de policía. En la práctica esto significa que casi puede hacerse cualquier cosa. El urbanismo neoliberal funciona de esta manera: desmantelamiento de las oficinas técnicas que permiten evaluar adecuadamente las solicitudes de habilitación y también las normas, porque durante mucho tiempo lo que se privilegió fue la posibilidad de captar la mayor cantidad de inversiones. Los intendentes fueron muy permeables a la capacidad de lobby de las empresas y atentos a captar las inversiones fueron muy flexibles en la aplicación de las normas vigentes. Los resultados ahora implican enormes cantidades de gastos. El efecto de las inundaciones se resuelve con obras de infraestructura, pero son obras que se podrían haber evitado en la medida en que se hubiera tomado debido recaudo. Las inundaciones son fenómenos naturales, pero frente el desenfreno del desarrollo inmobiliario, se ven agravadas. Me parece fundamental que el Estado recupere de una buena vez su capacidad planificadora para que deje de ser facilitador de las acciones del mercado. 

- ¿Qué cantidad de emprendimientos han podido relevar en la cuenca del río? 

- Hay unos 65 barrios que están sobre las riberas del río o sus afluentes más importantes. Uno de los argumentos publicitarios para comercializar estos barrios es la posibilidad de vivir en un lugar cercano con la naturaleza, en contacto con el agua y la posibilidad de acceder a un cuerpo de agua como el río Luján y salir desde ahí a aguas abiertas. Estas 65 urbanizaciones ocupan unas 7 mil hectáreas de superficie. Uno de esos grandes emprendimientos más próximos a Luján es San Sebastián, en Pilar, que tiene 1.100 hectáreas de superficie y ocupa la ribera del río Luján en 9 kilómetros. Hay estudios realizados por el Instituto Nacional del Agua o investigadores de la UBA, como el doctor Malagnino, que determinan que este emprendimiento en particular le ha quitado al río el 44 por ciento del lecho de inundación, de alguna manera ha estrangulado el escurrimiento del agua.  

- Entiendo que el impacto debe considerarse analizando conjuntamente a todos estos emprendimientos. 

- Cuando los emprendimientos son aprobados en la Autoridad del Agua y obtienen el certificado de factibilidad hidráulica, la Provincia lo que hace es observar cómo el emprendimiento resuelve la problemática hidráulica dentro del predio evaluado, pero no se analiza la problemática integral. Tenemos que hablar de un efecto conjunto de estos 65 emprendientos. No se observa el problema de manera integral, sino de manera fragmentada. Uno a uno tal vez los emprendimientos no tienen un impacto tan nocivo, pero si los pensamos en conjunto ejercen una modificación del curso del río que genera un gran impacto. 

- ¿Existen falencias legales para evitar estas obras? 

- En realidad marcos legales para contener estos emprendimientos existen, tanto desde lo ambiental, desde la gestión del agua como desde lo urbanístico. Es un tema que está absolutamente cubierto y regulado. El problema es que los desarrolladores inmobiliarios le han encontrado las fisuras al proceso de gestión de los emprendimientos y saben de qué manera actuar. Recurren al mecanismo del hecho consumado, es decir, antes de contar con las aprobaciones correspondientes, los desarrolladores hacen como práctica habitual comenzar con la remoción del suelo o construir lagunas, en algunos casos hablamos de lagunas de 150 hectáreas de superficies, algo que significa una modificación de la topografía enorme. Lo hacen sin contar con los certificados de factibilidad hidráulica. Así logran el hecho consumado y el aval posterior correspondiente. Saben que el mecanismo de empezar sin contar con los certificados, es la manera más fácil de poder llevar adelante estos emprendimientos.