La versión de un arrepentido acerca de cómo el empleado del Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) Fabio Burgos prometía casas sociales “por izquierda” cayó como una bomba en la institución y también en parte de la oposición.

Daniel Castillo, un ex chofer de colectivos que dijo a LA GACETA haber actuado como intermediario entre los presuntos estafados y Burgos, había mencionado a autoridades y a otros supuestos empleados del organismo provincia como partícipes de operatorias paralelas.

El Sindicato de Trabajadores de Viviendas (Si.Tra.Vi) y empleados del Ipvdu reaccionaron y, mediante una solicitada, reclamaron a las autoridades que investiguen “hasta las últimas consecuencias” la situación para “deslindar responsabilidades” y sancionar a los posibles responsables “tanto de adentro como de afuera” de los ilícitos. 

Por otro lado, repudiaron las expresiones de supuestos damnificados que acusan públicamente “de manera generalizada e infundada de corrupción” a trabajadores del Instituto. Concluyeron sentirse “profundamente agraviados” por Castillo. 

Apenas estalló el conflicto, el Ipvdu suspendió a Burgos y se sustancia una pesquisa interna en su contra. El interventor, Gustavo Durán, adelantó que podría ser exonerado. Su administración comunicó al Tribunal de Cuentas (TC) que la investigación administrativa comenzó el 28 de julio (mediante el expediente N°9271-440).

Por otro lado, en la Justicia se presentaron una serie de denuncias penales contra el sospechoso, tanto por parte de supuestos estafados como del Ipvdu. Fuentes tribunalicias confirmaron que ya se efectuó al menos un allanamiento y que se secuestró documentación.

Denuncia

La senadora opositora Silvia Elías (UCR) envió una carta al gobernador, José Alperovich, pidiendo la remoción de Durán por las “innumerables y graves violaciones a la normativa provincial y nacional”, como así también por “el evidente apartamiento a las pautas establecidas en los Programas Federales para viviendas sociales”. La parlamentaria consignó en el escrito que presentó una denuncia ante la Auditoría General de la Nación (AGN), por presuntas irregularidades en el megaemprendimiento “Lomas de Tafí” y que se inició una auditoría. Según Elías, entre las conclusiones “se constató que el 88% de las rendiciones de cuentas se presentaron de manera incompleta”. 

Desde principios de mes, un grupo de denunciantes, encabezados por Castillo, lleva adelante manifestaciones en el Ipvdu. Reclaman acceder a un plan habitacional. Durán afirmó que no los “resarcirán” con viviendas porque actuaron de manera ilegal al intentar pagar por una vivienda. 

Cómo se ofrecían las casas

De acuerdo con la versión de Castillo y de decenas de ciudadanos, Burgos prometía el acceso a una casa a cambio de sumas de dinero que variaban. Los testimonios dan cuenta de que las “tarifas” podrían haber estado entre los $2.000 y los $180.000, dependiendo del barrio. Castillo afirmó que serían entre seis y siete los intermediarios que llevaban papeles y dinero a Burgos al Ipvdu o sus alrededores.