La compra directa de uniformes para policías y penitenciarios por casi 62 millones de pesos generó malestar entre los proveedores locales y dudas en la oposición política. Sin embargo, después de una denuncia, desde la Fiscalía de Estado le dieron la razón al Ministerio de Seguridad.

Empresarios mendocinos aseguran que presentaron ofertas menores a la propuesta ganadora (de la firma bonaerense Torello Hermanos), criticaron la decisión oficial y lanzaron sospechas por “sobreprecios”, ya que el Gobierno pagó un 40% más de lo presupuestado inicialmente.

De esas quejas se hicieron eco algunos legisladores del justicialismo, quienes solicitaron al fiscal Fernando Simón que investigara posibles delitos. Pero el órgano de control no encontró irregularidades.

La historia

A comienzos de junio el Ministerio de Seguridad lanzó dos convocatorias para comprar uniformes para personal policial y penitenciario. Había presupuestado poco más de $35,3 millones para las prendas de los policías y $8,7 millones para la vestimenta de los guardiacárceles.

Sin embargo, al no existir oferentes por la ropa para los penitenciarios, se decidió incluirla con la misma operación para adquirir uniformes de los efectivos de la Policía. Se trató de una compra directa que se realizó en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.

Los primeros interrogantes surgieron porque en el pliego inicial se incluyeron seis prendas, pero se terminaron adquiriendo solamente cuatro. En total entre la compra de uniformes y de borceguíes se invirtió casi 62 millones de pesos, un 40% más de lo estimado en el primer momento.