La historia de la jubilación de privilegio comienza con alguien que renunció a ella. Elpidio Gonzalez, radical yrigoyenista, fue descubierto por casualidad por un diputado, vendiendo betunes y pomadas en la Recova del Once. La anécdota circuló rápidamente en el Congreso: González, ex vicepresidente, había dedicado su vida a la función pública y estaba en la ruina. Cuando su jubilación de privilegio, la primera, fue ley, Elpidio la rechazó: “Mientras tenga dos manos para trabajar no necesito limosnas”, dijo. Sus sucesores han sido mancos o faltos de aprensión alguna frente a las limosnas, aferrándose a los privilegios durante décadas al punto de defenderlos como derechos y no como prerrogativas.

Hasta el comienzos del siglo XXI el paso por la función pública era una especie de beatificación: aunque fuera breve, garantizaba un ingreso superior en el retiro. Casi todos los hombres son casi iguales ante la ley. La crisis del 2002 y ajustes posteriores determinaron que varios jubilados de privilegio dejaran de serlo, básicamente los que habían ocupado el poder bajo dictaduras. Hoy algunos bastiones resisten los embates de la igualdad. Son los diplomáticos, los magistrados y cuarenta y nueve regímenes especiales que tienen: menores años de aportes, edad menor para acceder al beneficio, jubilación garantizada en porcentaje respecto del salario que cobrarían en actividad.

Por ejemplo, los magistrados se jubilan con 15 o 20 años de actividad y los trabajadores de las industrias de vidrio, minería, subterráneos, laminación, pesca, dragado, transporte de carga petróleo y gas , con 50 años de edad y 25 de aportes. Los ex miembros de la Corte se jubilan con el 100% de su salario, del que no pagaron jamás el impuesto a las Ganancias. Los diplomáticos de carrera lo hacen con el 85%. En aportes concretos, esto significa que 41 de los 49 regímenes especiales reciben un plus jubilatorio para el que no aportaron. Para decirlo de otro modo: los jubilados de 8.096 pesos completan el salario de los de $ 150.000. En el caso de magistrados y funcionarios de los poderes nacionales y provinciales el Estado ya resigna en su beneficio 2.991 millones en concepto de exención de Ganancias.

Además de los 49 regímenes especiales existe un Régimen General de jubilaciones de privilegio para quienes residan en la Zona Austral. La ley 19485 de 1972 estableció para los residentes en Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Carmen de Patagones un beneficio adicional del 40% sobre la jubilación sin haber hecho aporte alguno.

Los beneficios por sector muestran que: en el servicio exterior hay 673 privilegiados que cobran 14,8 veces promedio la jubilación media, se quedan por mes con 195.130 pesos. En el caso del Poder Judicial son 5.029 los favorecidos, cobran diez veces el haber medio. Categorías especiales de docentes, docentes universitarios e investigadores científicos cobran jubilación entre 33.272 y 67.628 pesos (unos 7.329 investigadores,resultando cinco veces el haber medio).La actualización de estos haberes es, a la vez, la más alta sobre incrementos salariales otorgados: entre diciembre de 2014 y diciembre de 2018 la Corte, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura recibieron 263,5% de aumento.

Esta historia no sería completamente argentina si los privilegios no alcanzaran, también, al fútbol.Por el decreto 1212 del 2003 se estableció un régimen de percepción y retención para los aportes y contribuciones patronales con destino a la AFA y clubes de fútbol,que comprende: - Jugadores de fútbol, miembros de cuerpos médicos, técnicos y auxiliares.

- Empleados en relación de dependencia de los clubes y de sus establecimientos educativos Los clubes cubiertos son los de Primera A, Nacional B y Primera B , junto a otros que no tienen fútbol profesional pero que, gracias a amparos judiciales, han sido incluidos. Desde el año de sanción del decreto el colectivo alcanzado por ese régimen pasó de 3.300 beneficiarios a 11.200. En este punto el Estado nacional le “dona” al fútbol, dejando de recaudar, casi 5000 millones de pesos, alrededor de la mitad de lo que le correspondería pagar al propio fútbol. El 7% de los ingresos por entradas que el Estado se queda, no alcanza a cubrir ni la mitad de lo que deberían aportar los clubes.

Por JORGE LANATA