• El régimen “permitirá brindar garantías y el derecho al debido proceso a adolescentes comprendidos entre los 14 y 18 años”, explicó el legislador, y destacó que significará “una evolución en términos jurídicos y en materia del derecho procesal penal”.

El Código Procesal Penal de Entre Ríos, regula el proceso penal y contempla los derechos y garantías de los mayores de 18 años, pero no de los adolescentes comprendidos entre los 14 y 18 años. “Estamos trabajando en el Senado para aprobar una iniciativa del Superior Tribunal de Justicia y su equipo interdisciplinario, para contar con un proyecto de ley procesal penal específicamente para niñas, niños y adolescentes, con las garantías y derechos que exigen las convenciones internacionales y la Constitución Nacional”, señaló el senador provincial Ángel Giano al informar sobre el proyecto de ley que se encuentra en estudio.

“Si en la Legislatura aprobamos este proyecto, Entre Ríos  será pionera a nivel nacional”, sostuvo el senador Giano respecto a la iniciativa impulsada por el Superior Tribunal de Justicia que permitirá brindar garantías y el derecho al debido proceso a adolescentes comprendidos entre los 14 y 18 años.

El proyecto de ley es una iniciativa del Superior Tribunal, de su presidenta Claudia Mizawack y del equipo interdisciplinario que coordina el juez penal de niñas, niños y adolescentes, Pablo Barbirotto y la integrante de la Cámara de Casación Penal de Paraná, Marcela Davite, quienes han mantenido reuniones con los integrantes de la Comisión de Legislación General del Senado de Entre Ríos que preside el senador Lucas Larrarte para analizar el tema.

El Código Procesal Penal de Entre Ríos recoge todos los derechos y garantías para los mayores de 18 años, pero no de los comprendidos entre los 14 y 18 años. Por eso con esta ley se supliría un vacío legal que actualmente solo regimenta una Acordada del STJ del año 2013.

En este marco el Giano destacó que “es importante dar garantías sobre el debido proceso a adolescentes que hoy no están incluidos en el Código Procesal Penal” y sostuvo que “este proyecto permite adaptar el modelo del proceso penal de corte acusatorio, bajo un nuevo paradigma -como lo establecen los tratados internacionales de derecho- para que niñas, niños y adolescentes gocen de este conjunto de garantías y derechos e inclusive puedan solicitar el proceso para probar su inocencia aun siendo menor de 16 años, y por lo tanto inimputable”.

“Sin dudas, como lo manifestaron tanto la doctora Mizawak como el doctor Barbirotto en el Senado, este proyecto significa una evolución en términos jurídicos y en materia del derecho procesal penal, adecuando los principios, derechos y garantías establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, la Constitución Nacional y la ley nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente” puntualizó Giano en un comunicado enviado a esta Agencia.

El proyecto reúne la mirada interdisciplinaria en relación a la problemática de los adolescentes que transgreden la ley, para que con nuevos abordajes la Justicia tenga mayores posibilidades y herramientas de acción. En sus consideraciones principales el proyecto permite que adolescentes puedan acceder al debido proceso, garantizando que puedan expresar sus opiniones, y participar en todas las etapas del procedimiento, asegurando que cuenten con la información suficiente y comprensible con respecto al proceso que se lleva en su contra.

“Que los adolescentes puedan participar del proceso penal, ser oídos y que se tenga en cuenta su opinión permite darle claridad al sistema penal juvenil, liberándolo de estigmas sociales que quedan en el aire cuando no pueden acceder a su legítima defensa y cuando se regula bajo un modelo que entiende que son objetos de tutela, en lugar de entender que son sujetos de derecho y garantías”, remarcó Giano.

El proyecto contempla además medidas alternativas al proceso y a la sanción, como son la remisión de casos, la mediación penal, la conciliación o imposición de obligaciones a la persona imputada, la compensación no remunerativa hacia las víctimas, así como el proceso abreviado.