Con la entrada en vigencia de los aumentos en la tarifa energética aprobado por el Enre, los legisladores del Frente Cívico y Social anticiparon que impugnarán el instrumento del organismo y observaron que "mientras tanto”, la empresa transportista EC Sapem se quedará con más de 18 millones de pesos.

A través de un comunicado, los diputados Luis Lobo Vergara, Marita Colombo, Marisa Nóblega y Alcira Moreno, quienes participaron en la Audiencia Pública, anticiparon que "impugnarán la Resolución del Enre Nº 125/2016, que se autoriza el incremento del valor agregado de distribución”.

En este orden, indicaron que tomarán la medida "cuando termine el receso administrativo establecido por el Ejecutivo provincial”.

En este orden, explican que sin perjuicio a la negativa del ente regulador a que puedan "tomar vista de las actuaciones administrativas, luego de la publicación de la resolución 125/16; con el inicio de las actividades el 1 de febrero podremos interiorizarnos de los informes, dictámenes y con esa información formular el recurso correspondiente”.

Sucede que, para los diputados "resulta inadmisible que hayamos marcado un error grave en la fórmula polinómica de la actualización del VAD (Valor Agregado de Distribución)”, hecho que es reconocido por el Enre y por el cual "pidió al Poder Ejecutivo que lo corrija”.

"Nos da la razón, pero marche preso. Hay que pagar lo mismo”, acotaron en este orden.

Así, observan que "el problema radica en el ‘mientras tanto’” puesto que los usuarios "deberán pagar aproximadamente $18.700.000 por mes hasta que se corrija”.

Sobre esta línea, aclararon que la cifra exacta "la tendremos cuando veamos el expediente”.

"Ese desapoderamiento de los dineros de los usuarios catamarqueños resulta ilegítimo, no tiene racionalidad, debe ser suprimido inmediatamente por la autoridad administrativa”, remarcaron en el documento.

En tanto, observaron que respecto de la fecha de actualización del VAD, "deberíamos pagar $4.500.000 y no $41.500.000, como pidió la empresa y que el Enre consintió”.

En este orden, señalaron que "los datos son en base a la escueta información dada por la empresa”.

Por todo ello, sostuvieron que "el Enre no puede lavarse las manos, debe intervenir, mediar y resolver a favor de los usuarios del servicio. No puede convalidar el atropello a los casi 140.000 usuarios del servicio eléctrico de la provincia para tapar los agujeros de la empresa de energía”.