El jurado de enjuiciamiento que lleva delante el juicio político contra la Jueza de Trabajo Nº 2 de la ciudad de Resistencia Dra. Amanda Corchuelo acusada de mal desempeño en sus funciones por el Diputado Ricardo Sánchez comenzó a sesionar en la mañana de este martes.

Cerca de las 10.30 se constituyó el tribunal presidido por el Vicepresidente de esta institución el Dr. Luis Meza y conformado por Javier Oteo (en representación del Poder Ejecutivo) Martín Nievas y Carim Peche (Poder Legislativo), Amilcar Aguirre (Abogados de Resistencia) Y Julian Flores (Poder Judicial). Este tribunal tendrá en manos la destitución o absolución de la Magistrada.

En el recinto también se encontraban presentes, el Dr. Ricardo Sánchez y la imputada Dra. Corchuelo acompañada de su abogado defensor particular Miguel Ángel Barceló y el Defensor Público Oficial Juan Pablo Cervera.

El primero en dar su alegato fue el acusador, Ricardo Sánchez, quien solicitó la destitución de la magistrada por mal desempeño, y remarcó que no incluyó pruebas testimoniales durante el juicio porque la prueba más acabada de su imputación es la propia resolución judicial de la Dra. Corchuelo.

Luego adujo que la medida cautelar que dictó la jueza desconoció las decisiones del Superior Tribunal de Justicia apartándose de la fuente de su legitimidad, lesionando de este modo el orden Jurídico Instaurado. Siguiendo el hilo lógico de su argumentó consideró que la resolución de la jueza benefició a empresarios privados que hicieron grandes negocios con el juego clandestino en la provincia. Aunque en apariencia otorgó la media con una excusa loable, la de mantener los puestos de trabajo de 165 personas. A continuación subrayó que las relaciones laborales de estas personas no se encontraban lo suficientemente acreditadas.

Según la acusación esta medida permitía a los hacedores de la quiniela clandestina seguir trabajando, mientras el Poder Ejecutivo y el Legislativo combatían fuertemente desde el 2007 el juego clandestino e ilegal. La acusación resaltó como un gran contrasentido usar un amparo para proteger una actividad ilegal.

Finalizada la exposición del Dr. Sánchez, se pasó a un cuarto intermedio de 20 minutos, reanudado el debate hizo uso de la palabra el Defensor Oficial Dr. Juan Pablo Cervera, quién señaló que el acusador realizó una acusación genérica y que esta debió encuadrarse en el art.12 inciso a de la ley 188, y el artículo 9 inciso c. Según el Defensor oficial la acusación no encuadro con precisión su acusación y esto dificulta una defensa. Luego remarco que la jueza solo concedió una medida cautelar y pidió que se desestime la denuncia.

Por su parte el Dr. Barceló defensor particular de la Dra. Corchuelo solicitó al tribunal se declare improcedente el Jury y se restablezca a su defendida en el cargo, ya que no existen pruebas suficientes que rompan con el principio de Inocencia. Uno de los argumentos más fuertes utilizado por la defensa técnica fue que los Jueces en la Argentina se pueden apartar de la jurisprudencia de la corte pues la principal fuente del derecho en nuestro sistema es la ley.

Concluido el discurso de la defensa el presidente del tribunal cedió la palabra a la Acusada. La Dra. Corchuelo leyó una recomendación de la Corte al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. En la misma la corte considera al amparo como una garantía a favor de los individuos, como un modo de protección de los derechos humanos y no como una manera de sustituir a los jueces de la causa.

Finalmente el Dr. Meza dio por concluido el debate y fijó el 18 de agosto a las 16 horas para la lectura de la sentencia.

El caso

La jueza en lo Laboral será juzgada por supuesto mal desempeño en la habilitación de videopóquers. El caso se remonta a 2.007 cuando más de cien empleados de salas de videopóquers impulsaron una acción de amparo y una medida cautelar para defender su fuente laboral.

En octubre de ese año, la titular del Juzgado Laboral de la Segunda Nominación, Amanda Matilde Corchuelo, dictó una medida cautelar que autorizó el funcionamiento de salas que habían sido clausuradas por Lotería Chaqueña por violar la ley que regula los juegos de azar en el Chaco. La medida de Corchuelo luego fue anulada por el Superior Tribunal de Justicia por solicitud de la Fiscalía de Estado, antes de que llegara a resolverse la cuestión de fondo planteada en el amparo.

La denuncia contra Corchuelo fue Presentada en el año 2008 por el diputado Ricardo Sánchez. En el año 2010 el Consejo de la Magistratura en su rol de jurado de enjuiciamiento resolvió declarar procedente la acusación y suspender a la magistrada en el ejercicio de sus funciones.

Desde el año 2011 hasta la fecha la realización del Juicio oral y público fue suspendido en tres ocasiones debido a los diferentes recursos presentados por la defensa de la imputada.