Una llamada al 0800-33-FISCAL alertó a la justicia porteña que la feria conocida como “La Saladita” había vuelto a abrir sus puertas a pesar de tener una orden de clausura por falta de higiene y seguridad. Ante esta denuncia, el pasado sábado y lo que generó un fuerte operativo en el centro comercial ubicado en Salta al 1700, en el barrio de Constitución, y la intervención del fiscal en lo Penal, Contravencional y de Faltas Juan Rozas.

Al llegar la policía de la Comisaría 16ª al lugar, se pudo constatar que se encontraban funcionando 120 puestos y con fuerte concurrencia de público.

“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de poder de policía, había verificado que en tal lugar se estaban incumpliendo condiciones de higiene y seguridad de tal forma que desde el punto de vista administrativo actuó en consecuencia clausurando. Ahora bien, habiéndose verificado el día sábado que los puesteros habían ingresado a ‘La Saladita’ poniendo en marcha nuevamente el comercio, es que se habría verificado lo que se denomina en el Código Contravencional como violación de clausura (artículo 73). Ante esta situación dispuse las medidas de rigor y para evitar inconvenientes de desmanes o disturbios por la gran cantidad de concurrentes que había, entre 500 y 700 personas había comprando, es que ordené mayor cantidad de refuerzos y que se efectivice la clausura total del mismo con consigna fija en el lugar por parte de la comisaría de la zona, de por lo menos 30 días”, describió a NU el fiscal Juan Rozas a cargo del equipo fiscal B de la Unidad Fiscal Sudeste.

En el operativo, la Policía Federal labró más de un centenar de actas a los puesteros que se encontraban comerciando en un predio sobre el que pesaba una clausura.

“Como fiscal practicaré la investigación preparatoria, recaudaré la totalidad de las pruebas que verifiquen la violación de clausura por parte de los puesteros de La Saladita, analizando en forma cierta la probabilidad de citar como imputados a los puesteros”, explicó el funcionario judicial.

Sobre la posible imputación a más de un centenar de personas y la citación a indagatoria, el fiscal resaltó que “primero hay que recabar informes del Gobierno sobre la clausura” y que una vez que se recaude y valore la prueba se analizará citar a los puesteros.

De acuerdo a lo informado por el fiscal Rozas “por el momento no se detectó” otro tipo de infracciones al Código Contravencional más allá de la violación de clausura. En el caso de prosperar la acusación, los puesteros podrán ser sancionados con multas entre 600 y 6000 pesos o arresto de 3 a 10 días.