La Secretaría de Energía convocó para hoy a la mañana a la plana mayor de las empresas gasíferas para discutir la regulación que se aplicará a partir de febrero para establecer los precios del gas en boca de pozo y las tarifas que pagan hogares y comercios. En la práctica, será un encuentro segmentado en tres: primero será el turno de las empresas productoras, como YPF, PAE, Total, Wintershall, Tecpetrol, CGC y Pampa, que realizarán de una devolución con comentarios sobre una normativa que el Ejecutivo sacó en consulta la semana pasada para licitar la compra de gas para el sector de distribución. Luego tendrá lugar una cita con comercializadoras de gas como Energy Consulting y Albanesi, entre muchas otras. Y en tercer término se convocó a las distribuidoras como Metrogas, Naturgy (ex Gas BAN) y Camuzzi.

No está previsto que Gustavo Lopetegui, que asumió la conducción de la cartera, tras la salida de Iguacel, participe de la reunión, según explicaron fuentes empresariales a EconoJournal. La representación del Estado correrá por cuenta de Carlos Casares, vocal primero del Enargas, que viene desempeñándose desde octubre del año pasado como asesor de la Secretaría de Energía en temas gasíferos. Casares iba a asumir como subsecretario de Hidrocarburos, pero el área de Legales de Presidencia objetó esa designación por temas administrativos. Esa posibilidad, sin embargo, todavía está vigente y podría concretarse en las próximas semanas. También podría participar Patricio Pinnel, un ingeniero que acompañó a Lopetegui en la Casa Rosada y ahora se desempeñará como jefe de Gabinete de la Secretaría de Energía.

Las petroleras advertirán sobre una serie de puntos a corregir del pliego de subasta de gas en firma para las distribuidoras. Este medio realizó un relevamiento entre las principales productoras de gas para conocer su posición al respecto. Las fuentes consultadas coincidieron en que es necesario simplificar los modelos de contratación definidos en el pliego que preparó el gobierno; cómo se va a rollear (repartir) el costo de la tarifa social; cómo se repartirá entre cada cuenca la capacidad de transporte en firme; y cómo se garantizará, una vez que se recontractilice el mercado con contratos a mediano plazo, que los usuarios abonen el precio más bajo posible si los valores incluidos en los contratos que se firmen terminan siendo más caros que los del mercado.

“El gobierno pretende lograr un pass through automático para cubrirse frente a un eventual nuevo salto del tipo de cambio. El riesgo es terminar apurando una regulación que sea la indicada. Se puede generar un frankestein regulatorio que después sea difícil desarmar”, advirtió el gerente comercial de una petrolera.

Por el lado de las distribuidoras, uno de los puntos que preocupa a las empresas es la reducción del plazo para cancelar la factura de gas que compran a las petroleras. Hoy las distribuidoras tienen 75 días para pagar la factura que envían los productores. Esos dos meses y medio equivalen, en la práctica, al tiempo en que las gasíferas cobran las facturas por parte de hogares y comercios que pueden pagar en dos la factura bimensual. La regulación que sacó en consulta el Ejecutivo prevé que ese plazo se acortará a 30 días. “Financieramente es complicado. Porque hoy el crédito es prácticamente inaccesible y vamos a tener que pagar por adelantado el gas que entreguemos a los usuarios”, explicó el director de una de las mayores distribuidoras del país.

Otro punto a definir es qué tipo de cambio se utilizará para calcular las tarifas. El gobierno planteó que el Enargas congelará el valor del dólar con el que se calcularán las tarifas a la cotización de la divisa en el Banco Nación del mes anterior. La intención es evitar que una nueva devaluación se lleve puesto al sector como pasó el año pasado. Las petroleras reclaman una mayor precisión en torno a ese punto.