El juez en lo civil y comercial de 39ª nominación de Córdoba, José Antonio Di Tullio, resolvió hacer lugar a un pedido de intervención sobre la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María que formuló la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia. Sin embargo, lo hizo a través de una modalidad poco frecuente que es la de la coadministración entre el interventor y el actual consejo de administración de la institución.

“Esta modalidad de intervención se juzga adecuada al caso concreto pues no implica una intromisión desmedida en los órganos de la demandada, mientras que, por el contrario, permite fiscalizar internamente el curso de los negocios de la entidad, evitando de esa manera que se deteriore injustificadamente su institucionalidad y su normal desenvolvimiento”, explicó Di Tullio en la sentencia.

En el ejercicio concreto implica que todo acto dispuesto por los consejeros de la Cooperativa sea supervisado y aprobado por el coadministrador judicial que, en este caso, será Sergio Lorenzatti, quien durará en sus funciones 90 días a partir de la aceptación del cargo o hasta la elección y asunción de las nuevas autoridades de la Cooperativa.

El juez tuvo en cuenta la presentación formulada por Abraham Gallo, subsecretario de Cooperativas y Mutuales, quien adjuntó notas presentadas por asociados de la entidad, quienes vienen manifestando, entre otras cosas, que la cooperativa se encuentra inmersa en una verdadera crisis institucional, económica y social.

Desde el año pasado, cuando se resolvió dejar cesante en sus funciones al exvicepresidente Marcelo Kurán, en la entidad se dieron una catarata de resoluciones que precipitaron la actual crisis.

Se despidió al exgerente, se realizó un pedido de investigación penal sobre lo actuado por las gestiones anteriores, hubo presentación y retiro de renuncias, marchas de asociados pidiendo transparencia, demandas laborales, y hasta ejercicio incompatible de funciones de consejeros. La renuncia del expresidente José Chalub terminó por acelerar el pedido de intervención ahora concedido.

Más allá de las incontables denuncias cruzadas que se cursaron a lo largo de este años consejeros actuales con otros que renunciaron, lo curioso es que la fiscalía de instrucción de Jesús María –según señalaron fuentes bien informadas- no pudo encontrar hasta el momento ninguna sospecha suficiente como para imputar a alguien o para señalar que pudo haber habido comisión de delitos en la administración de la entidad.

No obstante ello, toda la pirotecnia mediática que se dispensaron sus actores principales desparramó la sensación de sospecha sobre toda la entidad, más allá de que tiene sus asambleas y balances al día, sus padrones en orden, sus libros al día, los pagos a empleados y proveedores en tiempo y plazos razonables, y sus deudas de mediano plazo “calzadas”.

La intervención judicial debería ayudar a transparentar la real situación de la entidad y tranquilizar a los desconcertados asociados.