La resistencia social obligó a Monsanto a abandonar su proyecto de Córdoba

La resistencia social obligó a Monsanto a abandonar su proyecto de Córdoba

La repudiada multinacional decidió cancelar su proyecto de instalación de una planta en la localidad de Malvinas Argentinas, a 14 kilómetros de Córdoba capital.

Uno de los dos principales ejecutivos de la compañía para América Latina confirmó que el proyecto se desarmará y reconoció que el bloqueo llevado a cabo por vecinos frenó por completo la entrada de los materiales que requerían la construcción, según adelantó el diario iProfesional.

En paralelo, Monsanto sostuvieron que la escasa superficie de maíz en la zona fue otro factor clave para dejar de lado el resistido proyecto. 

“La pauta de procesamiento de la planta estaba en el orden de los 3,5 millones de hectáreas de maíz y en los últimos año apenas se pasó de los 2,5 millones", sostuvieron desde la empresa. 

Ante esto, Monsanto habría decidido trasladar este emprendimiento  a las instalaciones que posee en Rojas, provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que en 2012, desde Nueva York,  la ex presidenta Cristina Kirchner, había anunciado las inversiones en el país de Monsanto tras un acuerdo con el directorio de la firma lo que generó un fuerte rechazo de diversos sectores sociales. 

La historia de la expulsión de Monsanto

El mismo año que Cristina firmaba acuerdos con Monsanto, se condenaba por tres años a un productor agropecuario y a un aerofumigador por causar contaminar con agroquímicos de esta empresa en el barrio Ituzaingó Anexo, cercano a la ciudad de Córdoba. 

Esta lucha, encabezada por vecinos y las Madres de Ituzaingó se trasladó a Malvinas Argentinas para impedir que Monsanto se instale allí. Se formó entonces un frente de resistencia multitudinario que tuvo como punta de lanza un acampe (continúa hasta hoy) que bloqueó el ingreso al predio donde la empresa pretendía instalarse.

Paralelamente, se impulsaron acciones judiciales y se logró frenar la construcción de la planta a través de un fallo de la Justicia provincial, en enero 2014. Al mes siguiente el Gobierno cordobés rechazó el informe de impacto ambiental que había presentado la empresa.

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