En agosto de 2012, el Concejo Deliberante finalmente aprobó por mayoría un proyecto de ordenanza que impone la reconstrucción del monumento a Eva Perón levantado en el Cementerio Municipal en 1974 y destruido durante la última dictadura cívico-militar. Para muchos peronistas se trata de una decisión de reparación histórica que, sin embargo, llega con mucha demora. Al respecto, en la década del 80, una vez consumado el retorno de la democracia, se intentó avanzar en ese sentido pero nunca se concretó.

La semana pasada, los concejales aprobaron el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos 2015. En dicho proyecto, se incluye una partida de 200.000 pesos que debe ser destinada a concretar la reconstrucción del monumento que recuerda a una de las figuras centrales del justicialismo. En realidad, la ordenanza aprobada establecía que el Departamento Ejecutivo debía concretar la obra en un plazo de 60 días posteriores a la decisión tomada por los concejales. Aunque fue incluida en el presupuesto de este año, todavía no existen términos para el inicio de los trabajos. 

EL PROYECTO

La presentación de la iniciativa presentada en 2012 por el bloque del Frente para la Victoria-Partido Justicialista coincidió con el 60 aniversario del fallecimiento de Eva Perón. En el recinto del Concejo, la votación terminó 11 a 7, con los ediles de la Unión Vecinal decidiéndose por la negativa en un tema que involucra a una de sus máximas figuras históricas: Silverio Pedro Sallaberry, comisionado municipal durante la dictadura de Videla. 

"El Departamento Ejecutivo Municipal, en conmemoración del 60° aniversario del paso a la inmortalidad de la Sra. Eva Perón "Abanderada de los humildes", y a modo de reparación histórica, erige el presente monumento copia exacta de aquel construido en el año 1974 con el aporte de los vecinos y destruido en el año 1976 por la dictadura cívico-militar genocida y desaparecedora que gobernó nuestra ciudad. Para disculpas de las generaciones pasadas y presentes y memoria de las generaciones futuras", dice el texto de la placa que debe acompañar al monumento.   

Como parte de los argumentos que acompañaron a la ordenanza, se expresaba que "para romper con los equilibrios económicos preexistentes mediante la aniquilación de los esquemas de defensa sectoriales históricamente adquiridos por la clase trabajadora argentina, no sólo se hizo desaparecer a 25 vecinos de nuestra ciudad y se torturó a miles más, sino que también atentaron contra el recuerdo y la representación de la memoria popular".

El 15 de julio de 1976, dos años después de su construcción, "la fuerza política-militar gobernante en nuestra ciudad ordenó y llevó a cabo la destrucción del monumento a Eva Perón, una acción que aún muchos militantes del Partido Justicialista recuerdan ese día, datos y personeros que llevaron a cabo la misión de destruir dicho monumento".

Los concejales del FPV-PJ autores del proyecto calificaron a la destrucción del monumento como "un acto de violencia contra nuestra sociedad ya que representó la destrucción del ícono de los derechos de los trabajadores, de los humildes, del peronismo y de la justicia social".

En contraposición, los ediles marcaban que "ni la voluntad popular, ni el transcurso del tiempo, sanean la responsabilidad de las personas y fuerzas políticas cívicos-militares que han llevado a cabo el delito de daño contra el monumento de Eva Perón".

Con el retorno de la democracia, el tema ocupó varios debates en el Concejo Deliberante. En abril y noviembre de 1986, lo ocurrido con el monumento enfrentó a dos pesos pesados de la política lujanense: los entonces concejales Miguel Prince y Silverio Pedro Sallaberry. 

Una de las crónicas que al respecto publicó EL CIVISMO indicaba que "también se refirió al tema el concejal Silverio Sallaberry quien expresó que a pesar de haber sido el intendente cuando se destruyó el monumento, la comisión investigadora no lo citó para declarar". 

El ex intendente de facto declaraba que "siempre esperé ser llamado, siempre viví en Luján y siempre asumí plenamente mis responsabilidades". También dijo que "juzgar un hecho hoy no es lo mismo que juzgarlo en otro momento, porque si bien hoy parece que la opinión pública está en mi contra por la destrucción, entonces estaba mayoritariamente a favor".

La nota periodística indicaba que Sallaberry expuso que durante los meses que permaneció al frente del Municipio luego del golpe militar, Humberto De Lucía fue quien comenzó a quitar los símbolos partidarios del justicialismo (como el nombre de Eva Perón al Policlínico) de los lugares públicos, respondiendo a una medida del Poder Ejecutivo provincial. 

"Entonces no fue que se destruyó un monumento atropellando las cosas porque sí, como ahora se dice". Al respecto, recordó que había tenido reuniones, en aquellos días, con políticos del justicialismo "para ver cómo se debía retirar el monumento de ese lugar". Las posibilidades que se manejaban eran distintas, y de ellas se resolvió optar por la destrucción del mismo, "por iniciativa del gobierno de la Provincia y de las autoridades militares". 

En aquella oportunidad, el líder de la Unión Vecinal marcaba que así como con el regreso del peronismo en 1973 no se repusieron los nombres peronistas que le fueron quitados a algunas provincias en 1955, en el caso de Luján el monumento debía reconstruirse pero no en el cementerio, en un gesto "a favor de la unión nacional". Por último, admitió su responsabilidad en la destrucción del recordatorio. 

En noviembre de 1986, la cuestión regresó al Concejo. En esa instancia, Prince expuso que "nuestra intención es preservar la credibilidad en las instituciones democráticas y para cumplir con ese principio queremos hablar con absoluta claridad".

"Acá no hubo ningún acto administrativo, ni una ley nacional, ni una ley provincial, ni una ordenanza municipal que autorizara la destrucción. El ejecutor de la destrucción no dicta ni una ordenanza, ni un decreto, ni una resolución, quizás porque tenía conciencia de la reprochabilidad del hecho que cometía. Este hecho ha afectado la seguridad de una obra de arte realizada por un escultor, ha afectado la seguridad de un bien en custodia de la Municipalidad y ha afectado la seguridad de un sentimiento respetable y formalmente reconocido a través de la norma legal", indicaba el concejal del Peronismo Renovador.

Por eso, Prince manifestaba que "se debe imputar al ahora concejal Sallaberry la comisión de un delito penal; y si el juez entiende que es así, para lo que creemos que existe semi plena prueba, pediremos la suspensión del concejal Sallaberry".

Finalmente, una Comisión Interna Especial que investigó la destrucción del monumento resolvió enviar lo actuado a la Justicia señalando la posible comisión de delitos como daño calificado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos.