En la Cámara de Diputados se encuentra en estudio un proyecto de ley que contempla la creación de 5 cargos de defensores oficiales, que tendrán la misión de desplazarse por la provincia y cubrir las necesidades de asesoramiento legal de todas aquellas personas que viven en departamentos alejados. La propuesta divide a San Juan en 5 zonas y cada una de ellas abarca a dos o tres distritos. Cada defensor estará asentado en un departamento y se movilizará hacia los otros dos o tres lugares de su radio de acción. El trabajo es de autoría del diputado oficialista, Víctor Muñoz Carpino, quien aseguró que el objetivo es que todos aquellos habitantes de escasos recursos que necesiten de un abogado para ejercer un derecho (como exigir el pago de la cuota alimentaria, por ejemplo) no tengan que dirigirse hacia la ciudad de San Juan (donde se encuentran todas las defensorías de pobres y ausentes) sino que accedan al defensor oficial cerca de sus localidades.

El proyecto se encuentra en la Comisión de Justicia y Seguridad y tiene un primer aval: las firmas del presidente del bloque justicialista, Víctor Doña, de José Peluc, del Frente Producción y Trabajo, y del bloquista Jorge Espejo, del diputado por Iglesia, entre otros. Pero al tratarse de un tema judicial que prevé la creación de cargos, necesita inexorablemente del apoyo del poder Judicial y del Ejecutivo.

La Corte de Justicia ya se reunió con el diputado Muñoz Carpino, cuenta con una copia de la propuesta y se vislumbra un interés en la idea. El ministro Abel Soria Vega destacó que, a título personal, le parece “importante la creación de defensorías”, aunque aclaró que el máximo tribunal “todavía no se reúne para tratarlo”. De todas formas, manifestó que van a conseguir datos que le faltan al proyecto para enriquecerlo, que en pocos días más van a emitir una opinión oficial y que volverán a encontrarse con Muñoz Carpino para pulir la idea.

Con respecto al financiamiento, el legislador señaló que los fondos para costear la creación de los cargos y el traslado de los defensores y su personal hacia los departamentos “en principio, estará a cargo del Poder Judicial, pero el Ejecutivo ayudará con recursos”. En ese sentido, Soria Vega resaltó que “es relativamente costoso, pero no imposible” y que “habría que conversar con el Gobierno para ver si tiene o carece de esas partidas para llevar a cabo el proyecto”.

DEFENSORÍAS ITINERANTES

De acuerdo al proyecto de ley, la provincia estará fraccionada en 5 zonas: la Norte, que comprenderá a Albardón, Angaco y San Martín; la Sur, con Pocito, Sarmiento y 25 de Mayo; la Este, con Valle Fértil, 9 de Julio y Caucete; la Oeste, con Ullum y Zonda; y la zona de frontera, con Iglesia y Calingasta. Muñoz Carpino explicó que cada defensor oficial se instalará en las respectivas zonas, en un departamento a definir y se desplazará hacia los otros puntos de su incumbencia. Las defensorías apuntarán a la rama civil y tendrán dos roles. El primero, asesorar y dar asistencia en las causas que se tramiten en el juzgado de Paz del departamento, como en los pedidos de pago de cuotas alimentarias. Y segundo, tramitar los casos que deban ser estudiados en Tribunales y enviarlos a una defensoría dedicada íntegramente a los expedientes de los sectores alejados. Para ello, el diputado provincial delineó una nueva defensoría que funcionará en la ciudad de San Juan.

El proyecto cuenta con el visto bueno de Eduardo Quattropani, titular del Ministerio Público Fiscal, órgano que tiene a cargo las defensorías. Y la Corte se prepara para analizar la propuesta y estudiar la posibilidad de conversar con el Ejecutivo para ver el tema del financiamiento.