Política territorial: Vender hasta las fronteras y el agua/Por Magdalena Odarda*

Viedma.- (APP) Resulta incuestionable que la tierra es un bien social que se constituye como eje del desarrollo de los pueblos, sobre el que articulan los procesos económicos sociales políticos y culturales de un país.
La Conferencia Episcopal Argentina (2006) en el libro UNA TIERRA PARA TODOS va más allá diciendo que la tierra "no es un bien de mercado, sino un bien social" y que "una concepción utilitarista de la propiedad fue generando en nuestro país un fuerte proceso de concentración".

El acelerado proceso de concentración de la tierra y extranjerización desde la década de los `90 no es una novedad en nuestro país y tampoco en América latina.

La avidez por los recursos naturales, bien llamados bienes naturales comunes, es una constante desde que la concepción utilitarista y mercantilista sobre la tierra parece haberse consolidado desplazando la mirada social, integradora y humana, sobre este bien esencial.

Solo la cosmovisión de los pueblos originarios ha podido sostener una relación armoniosa con la tierra y sus bienes, sabiendo al hombre parte de la naturaleza y sus dones.

En el 2005, según cálculos de la Federación Agraria Argentina -información corroborada con otras fuentes- se determinó que casi un 10 por ciento del territorio nacional - unos 270 mil kilómetros cuadrados - está vendido a extranjeros o a la venta. Hasta mayo de 2004, unas 31,4 millones de hectáreas correspondientes a las mejores tierras cultivables del país estaban en venta o en proceso de ser vendidas a inversores extranjeros. De los 31,4 millones, 17 millones (53,8%) ya habían sido vendidas a conglomerados extranjeros mientras que unos 14,5 millones (46,2%) estaban hipotecadas en la banca pública.

La percepción de que esto ocurre, preocupa a los argentinos. Según una encuesta, nueve de cada 10 argentinos cree que se debe limitar o prohibir la venta a extranjeros de las tierras y de los recursos naturales.

En las regiones de nuestro territorio consideradas "zonas de seguridad" también se da el proceso de extranjerización. Estas zonas se consideran una franja de 150 km de frontera desde la cordillera y de 50 km en las costas, y carecen en nuestro país de protección cierta ante el avance de capitales foráneos que invierten en regiones ricas en recursos naturales. Ya en 1997/1998 durante el gobierno de Menem – según las investigación de la escritora y periodista María Seoane- se autorizó a extranjeros la compra de 8 millones de has. en esas zonas fronterizas.(1)

Este fenómenos no debiera darse si se respetaran algunas leyes que procuran resguardar estas regiones.

Algunas leyes en nuestro país en materia de zonas de frontera sostienen en su espíritu la importancia de la radicación de ciudadanos argentinos nativos, tal es el caso del Artículo 4º del Decreto Ley Nº 15.385/44 (Ley Nº 12.913), reemplazado por el artículo 42 de la Ley Nº 23.554 que dice: "Declarase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en la zona de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad ejercerá en dicha zona de policía de radicación con relación a las transmisiones de dominio, arrendamiento o locaciones, o cualquier forma de derechos reales o personales, en virtud de los cuales debe entregarse la posesión o tenencia de inmuebles a cuyo efecto acordará o denegará las autorizaciones correspondientes".

A su vez la ley 18.575 de Promoción para el Desarrollo de Zonas de Frontera tiene como objetivos: a) Crear las condiciones adecuadas para la radicación de pobladores, mejorar la infraestructura y explotar los recursos naturales;

b) Asegurar la integración de la zona de frontera al resto de la Nación;

c) Alentar el afianzamiento de vínculos espirituales, culturales y económicos entre la población de la zona y la de los países limítrofes, conforme a la política internacional de la República.

Agrega en el art. 8 que "en especial en las áreas de frontera y a los fines de lo establecido en el artículo 2, inciso a) de la presente ley, se fomentará la radicación de habitantes argentinos nativos, o argentinos naturalizados y extranjeros con probado arraigo al país y de reconocida moralidad."

La legislación mencionada, aún en vigencia, propiciaba la colonización de las zonas fronterizas con población argentina evitando la compra por parte de extranjeros limítrofes que pudieran extender las fronteras de otros países sobre nuestro territorio, pero esto no se cumple y tampoco entonces parece importar la integración cultural, la económica y la identidad de esas zonas con el resto del territorio nacional.

En los últimos años 15 años, el crecimiento de la extranjerización de propiedades en estas zonas estratégicas, parece haber quebrantado el espíritu de la normativa en este sentido, quedando demostrado que nuestro país ha involucionado en materia de restricciones. Tal como lo manifiesta Seoane, los inversores foráneos "Buscan áreas estratégicas en lo que se considera "zona de seguridad". Son lugares claves para el país, por su potencial económico y sus recursos naturales. En el último año y medio, el Gobierno recibió mil pedidos de permisos de inversores que quieren hacer pie en la Argentina. El control es muy débil."(2)

En la actualidad es evidente la dispersión normativa que tiene nuestro país respecto a las zonas fronterizas en particular y a todo el territorio en general.

Durante el año pasado, el Ministerio del Interior dictó la resolución 166/2009 que determinó que dentro de la "zona de seguridad", algunas regiones estaban exceptuadas del régimen de "previa conformidad". Durante los últimos años el gobierno nacional derogó algunas disposiciones del gobierno menemista pero, paradójicamente, a través de esta resolución, reafirma la política de esos años creando excepciones en vastas y valiosísimas tierras fronterizas de nuestro país (14 provincias).

En el artículo primero la resolución determina que la misma será de aplicación para las solicitudes de Previa Conformidad establecidas en la Ley Nº 23.554 que declara de conveniencia nacional que los bienes ubicados en la zona de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. Sin embargo, contradictoriamente, crea una serie de excepciones entre las que podemos contar un buen número de centros urbanos y extensiones territoriales con importantes bienes naturales, que carecen de restricciones. Como ejemplo, en nuestra provincia los Departamentos de Ñorquinco, Pilcaniyeu y San Antonio están desafectados del Régimen de Previa Conformidad tanto se trate de inversores extranjeros como nacionales o personas físicas o jurídicas que quieran adquirir tierras fronterizas.

El aeródromo de dimensiones semejantes a la pista del aeropuerto internacional de San Carlos de Bariloche, ubicado a aproximadamente a 1000 metros de la costa del océano atlántico (zona de seguridad de fronteras) , a pocas horas de vuelo de Islas Malvinas, cuyo propietario no oculta su vinculación con el magnate inglés Joe Lewis en la zona de Puerto Lobos, Provincia de Rìo Negro, es la clara muestra de la afectación a nuestra soberanía. Situación que se ve agravada por la inexistencia de suficientes garantías de radarización del mencionado aeropuerto tendiente a controlar el movimiento aéreo del mismo.

Esto así, en lugar de crear mayores y mejores restricciones en las zonas fronterizas de nuestro país procurando fortalecer la soberanía sobre el territorio, la identidad cultural y la protección de los bienes naturales, el gobierno nacional propone lo contrario.

La legislación comparada nos muestra un importante número de países que consideran la cuestión de la propiedad de la tierra, y fundamentalmente la ubicada en sus fronteras, como una cuestión de soberanía. Tal es el caso, por ejemplo, de México, Perú, Honduras, Ecuador, Guatemala y Panamá que incluyen restricciones en sus Constituciones Nacionales para la compra de tierras de frontera por parte de capitales extranjeros. Del mismo modo Paraguay, Brasil, Chile, El Salvador, Canadá, algunos Estados en EEUU cuentan con legislación en la materia.

Esto así, cabe preguntarnos ¿qué está haciendo el gobierno nacional en este sentido? ¿Cual es el rol que ocuparán los gobiernos provinciales en la defensa de sus territorios y sus bienes naturales, teniendo como premisa la defensa de las zonas de frontera pero también la solución de la problemática de la concentración y extranjerización generalizada de la tierra y la apropiación de las costas?

Hoy más que nunca, el país se encuentra inmerso en un panorama global mundial que amerita en forma prioritaria mayores restricciones con el fin de preservar estratégicamente los bienes naturales asegurando el uso sustentable de los mismos y la soberanía sobre el territorio para las generaciones presentes y futuras. Las inversiones de capitales extranjeros que adquieren grandes extensiones de tierras productivas y ricas en bienes naturales, generan concentración y ocasionan cambios en las economías regionales y el desplazamiento de las comunidades locales, las que sufren desarraigo y pérdida de fuentes de trabajo. Esto es algo que conocen muy bien los pueblos originarios y un importante número de poblaciones de nuestro país.

Durante los últimos años el parlamento nacional no ha querido dar tratamiento a proyectos específicos presentados por la Federación Agraria Argentina, los Diputados Nacionales m.c. Susana García, Fernando Sánchez y Fabiana Ríos (hoy Gobernadora de Tierra del Fuego) entre otros, con el fin de poner en orden la gestión de la problemática de la extranjerización de la tierra.

Sin embargo, un gran porcentaje de argentinos encuestados se encuentra preocupado por este proceso.

En la legislatura rionegrina no tardaremos en debatir esta situación, cuando por fin se trate el proyecto de ley de mi autoría con la finalidad de evitar el creciente despoblamiento rural y el proceso de desapoderamiento que venimos sufriendo.

Por ello, será necesario a la brevedad desarrollar, tanto en la Nación como en Río Negro, herramientas jurídicas actualizadas, nuevas, creadas en el nuevo contexto del siglo XXI – escasez y deterioro de recursos, cambios climáticos, crisis financieras, entre otros-, en las cuales plasmar las estrategias geopolíticas que garanticen al pueblo la afirmación de su cultura, la soberanía y la identidad como base de un verdadero crecimiento. (APP)

(1) y (2) SEOANE, María, No es ilegal, pero el gobierno esta alerta. Cada vez más extranjeros son dueños de costas y fronteras, Clarín, 16 de Octubre del 2005

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