La Plata.(Prensa Proyecto Bonaerense).- En un amplio pormenorizado pedido de informe, el diputado de la Quinta Sección Electoral, Ramiro Gutiérrez (Proyecto Bonaerense), ha buscado profundizar cada uno de los detalles de una operación de corte inmobiliario donde las hijas del intendente de Pinamar fueron beneficiadas por dos de esas viviendas que, posteriormente la Provincia de Buenos Aires les quitó por entender que no cumplían con los requisitos de vulnerabilidad económica para acceder a una casa de plan social.

Al respecto, el legislador de Dolores sostuvo: “lo mejor que le puede pasar al intendente de Pinamar es que se lo investigue con el mayor rigor, ya que, si es inocente, la comisión encargada de ello así lo dispondrá; y si es culpable, lo removerán inmediatamente de su cargo”.

Texto de la Solicitud de Informes

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Resuelve:

Artículo 1°.-Solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que, a través del Instituto Provincial de la Vivienda y/o el organismo que corresponda, informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos vinculados a la adjudicación de viviendas sociales en la localidad bonaerense de Pinamar.

1. Informe a este Honorable Cuerpo sobre las actuaciones realizadas en relación a las viviendas construidas en el Partido de Pinamar por la Fundación Eco Pinar.

2. Indique fecha de creación de la Fundación antes mencionada, sede social, miembros y todo otro dato que considere pertinente. Informe, asimismo, si algunos de sus integrantes tiene vinculación con la Municipalidad de Pinamar.

3. Informe si el Instituto de la Vivienda realizó algún censo para controlar el avance de la construcción y la adjudicación de las viviendas.

4. En relación al punto anterior, sírvase informar si se han detectado irregularidades. Si así fuera, informe detalladamente sobre las mismas e indique si estas involucran a algún funcionario y/o asesor municipal.

5. Sírvase informar sobre la situación de los beneficiarios que no ocupaban las viviendas adjudicadas puesto que eran propietarios de otros inmuebles. Al respecto, indique si se comprobó la existencia de falsedad en las declaraciones.

6. Sírvase adjuntar la documentación donde consta todo lo actuado por el Instituto de la Vivienda.

7. Informe exhaustivamente sobre todas las actuaciones realizadas por el Departamento Ejecutivo municipal.

8. Sírvase informar sobre el contrato entre la Fundación Eco Pinar y el Instituto de la Vivienda en el marco del Decreto 3201/70.

9. Indique el número de viviendas que debía construir la Fundación de acuerdo a la obligación emergente del contrato mencionado en el punto precedente y el monto adjudicado para la construcción del complejo.

10. En relación al punto anterior, indique si se construyeron el total de viviendas previsto en el contrato. En caso negativo, informe pormenorizadamente cuál fue el destino del dinero que no fue utilizado para la construcción total del complejo.

11. Sírvase informar sobre la inmobiliaria que vendió los lotes a la Fundación Eco Pinar para construir las viviendas.

12. Indique a qué empresa se le adquirieron los materiales para construir el complejo habitacional.

13. Indique de acuerdo a qué criterios se adjudicaron las viviendas y quiénes fueron los beneficiarios.

14. Informe pormenorizadamente sobre todo lo actuado al día de la fecha.

15. Sírvase informar si el Instituto de la Vivienda ha tomado conocimiento sobre denuncias penales relacionadas con este tema y si las mismas han motivado alguna actuación administrativa por parte de ese organismo o del gobierno de la provincia.

16. Informe sobre cualquier otro dato que considere de interés.

Artículo 2°.- De forma.

Los fundamentos

El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires ordenó el desalojo de 22 propietarios de viviendas sociales en la localidad bonaerense de Pinamar. Entre los expulsados, cuya situación económica no los califica para recibir asistencia, se encuentran familiares del intendente local Blas Altieri y funcionarios del gobierno municipal.

El complejo habitacional comenzó a gestarse en junio de 2000, cuando se constituyó la fundación Eco Pinar. Como apoderados de dicha firma figuran asesores externos del municipio y empresarios, aparentemente con fuertes vinculaciones comerciales con Altieri. A sólo 24 horas de haberse fundado, recibió 2.025.000 pesos-dólares para construir 150 viviendas sociales, gracias al decreto 3201 que ordenaba entregar el 25 por ciento de esa suma en el acto.

Lucas Ventoso, el abogado que el año pasado denunció al intendente Altieri por "lavado de dinero y asociación ilícita", manifestó que de esas 150 viviendas sólo se construyeron 25. Según él, hasta su denuncia, el Instituto de Vivienda no controló ni investigó las obras de Eco Pinar.

La denuncia, presentada a fines de 2010, sacó a la luz las irregularidades: 22 de las 25 viviendas del complejo social ubicado en el cruce de Palometas y Valle Fértil fueron adjudicadas a personas que no calificaban para recibir asistencia. Entre ellas, Elena María y María Constanza Altieri, hijas del intendente. También fue beneficiado el secretario de Servicios Urbanos Juan Alberto Morales.

Las viviendas llegaron a venderse como propiedades comerciales, sólo 3 de los 25 edificios fueron adjudicados a personas que realmente necesitaban asistencia social, según descubrió el Instituto de la Vivienda bonaerense al realizar un censo en el complejo. Por eso se ordenó desalojar las viviendas, en una resolución firmada por Gustavo Marcelo Aguilera, administrador general del Instituto de la Vivienda, el 16 de marzo.

En este contexto, la presente Solicitud de Informes pretende hacer hincapié en hechos que dañan gravemente la credibilidad de los organismos de gobierno, al quedar expuesta la actuación de funcionarios municipales y parientes directos de un intendente en maniobras irregulares para la adjudicación de viviendas sociales, en una provincia con un déficit habitacional que supera el millón de viviendas.

Asimismo, la iniciativa procura remarcar la imperante necesidad de obtener información precisa y fehaciente que permita determinar las responsabilidades y sanciones que pudieren corresponder a los funcionarios y asesores involucrados.

El acceso a una vivienda digna es un derecho. Lo establece la Constitución de la Nación Argentina en el artículo 14 bis y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 36.

Existe un estrecho vínculo entre disponer de un alojamiento adecuado y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida personal y familiar, por eso la vivienda es un elemento fundamental para garantizar la dignidad humana. En ella no sólo se desarrolla la vida privada de las personas, sino también es un espacio de reunión, de convivencia, protección y cuidado de las familias y comunidades. La vivienda, es una necesidad básica de la condición humana.

Por todos los argumentos expuestos, es que solicito a mis pares de esta Honorable Cámara acompañen con su voto la presente Solicitud de Informes.