En los últimos días, tanto el Presidente Alberto Fernández como el gobernador Axel Kicillof han hecho mención, y más de una vez, a las obras paralizadas por la gestión anterior en la provincia de Buenos Aires. Incluso, los trabajos de mejoras e infraestructura que comenzaron en la ruta 7, por ejemplo, o la inauguración de un nuevo pabellón de internación en el Hospital Vicente López y Planes en General Rodríguez, son obras a las que se les había asignado presupuesto y que habían empezado a llevarse a cabo, pero que estaban paradas al menos desde el año pasado.

En el marco de la pandemia y la recesión económica que atraviesa el país, el gobierno optó por apostar a la obra pública como una herramienta de reactivación, generación de empleo y en el caso de los trabajos en hospitales y centros de salud, una necesidad para aumentar la capacidad del sistema sanitario.

En el caso del nosocomio de General Rodríguez, el gobernador sostuvo que el área que se finalizó de construir “estaba abandonada” y contó que la obra sobre la ruta provincial 7 estaba avanzada hasta un 30 por ciento, antes de que fueran paralizados los trabajos. Sin embargo, estos ejemplos están lejos de ser los únicos casos de obras de infraestructura, vivienda y mejoras paradas durante los últimos años, en el territorio bonaerense.  

En el área de Vialidad del Ministerio de Infraestructura de la Provincia, la nueva administración se encontró con un total de 35 obras frenadas (rutas, bacheo, mejoramiento de tránsito, etc.) y una deuda de más de 3.000 millones de pesos.  En los últimos días se reactivaron los trabajos sobre la ruta 7, con presupuesto de Vialidad, y las obras del Corredor del Atlántico para la transformación en autovía de las rutas provinciales 11 y 56.

Estas últimas estaban frenadas desde julio del año pasado, un mes antes de las elecciones primarias. Según datos ofrecidos por la Subsecretaría de Obras Públicas, tenían un avance promedio del 75% pero faltaban abonarse los últimos certificados. “Ahí la deuda era de unos 1000 millones de pesos aproximadamente”, explicó Ernesto Selzer, subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura bonaerense, en conversación con Diagonales. Primero entonces había que pagar dicha deuda y, posteriormente, conseguir los recursos para finalizar la obra.

 

A través de un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se consiguió una inversión de 4.744 millones de pesos necesarios para la construcción de una segunda calzada en tres tramos de un total de 157 km sobre las rutas 11 y 56.

En el caso de la Dirección Provincial de Arquitectura, la deuda que dejó la gestión de María Eugenia Vidal era de 900 millones de pesos, más un compromiso financiero, es decir lo que había que invertir si se querían terminar las obras abandonadas, de 55 millones de pesos.

Esta Dirección tiene bajo su órbita la ejecución de las obras de arquitectura en las sedes de justicia, hospitales y centros de salud, sedes de desarrollo social, centros culturales y teatros. “En el caso Hospitales y centros de salud, nos encontramos con todas las obras paralizadas, no había una sola en funcionamiento” aseguró Selzer. “Lo que hicimos, por directiva del Gobernador, fue activar las obras que tenían un aporte concreto para el incremento de las camas dentro de un periodo razonable para que estuvieran disponibles a fines de mayo y a medida que se fue corriendo el pico y aplanando la curva de contagios, gracias a la cuarentena, pudimos ir agregando más obras e incorporando más camas”.

En el marco de la pandemia, el gobierno provincial lanzó un Plan de Emergencia de reactivación de 125 obras en nosocomios y centros de salud; 14 obras de ampliación de hospitales , 14 de creación de nuevas guardias y 97 en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS). Sin embargo, en total había casi 170 obras paralizadas y neutralizadas en materia sanitaria. “Eran obras que tenían presupuesto asignado y deuda acumulada”, sostuvo el subsecretario de Obras Públicas, quien además contó que dichas deudas “se están pagando a medida que vamos disponiendo de fondos, ya está bastante avanzado el pago”.  

 

Selzer también tiene a su cargo el Instituto de la Vivienda. Allí la suma que adeudaba la Provincia era de 530 millones de pesos en facuras emitidas pero no pagadas y 6.200 viviendas paralizadas sin entregar. Ese total de obras “estaban distribuidas en solamente 65 municipios, de los 135 distritos bonaerenses”, describió el subsecretario. “Hay municipios que durante el gobierno anterior fueron absolutamente discriminados y no les dieron una sola obra, por ejemplo La Matanza” agregó.  

“Nosotros estamos revirtiendo esa situación tratando de generar un equilibrio de las inversiones entre todos los municipios, porque entendemos que los beneficiarios de todas estas políticas son los bonaerenses que viven en todos los municipios al margen de quien los gobierne”, señaló el funcionario provincial.  

 

“Si nosotros nos dedicábamos a pagar la deuda con el presupuesto que nos iba a ser asignado por la Provincia, la deuda se nos comía todo el presupuesto y no podíamos hacer ni una sola obra”, explicó Selzer.

Lo cierto es que en la segunda parte del año, la Provincia parece embarcarse en un plan de reactivación de obras a lo largo del territorio bonaerense. Un desafío que no sólo pretende una mejoría en la infraestructura bonaerense, sino que busca ser un engranaje más en la reactivación económica y la creación de nuevos puestos de trabajo en un contexto de recesión a nivel nacional y mundial.