Pedirán condena perpetua y cárcel común para los represores

El próximo martes comenzará los alegatos de los querellantes y se espera que pidan la máxima pena y cárcel común para Luciano Benjamín Menéndez, “El Tuerto” Albornoz y Luis De Cándido. El 1 de julio será el turno de la exposición del fiscal Alfredo Miguel Terraf y el 8 de julio será la hora del veredicto.
Condena perpetua y cárcel común para los represores de la última dictadura. Desde que se reactivaron las causas por delitos de lesa humanidad en 2003 este fue un reclamo constante por parte de los familiares, hijos y defensores de los derechos humanos y ahora los querellantes tendrán por primera vez la oportunidad de pedirlo ante los jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán en el marco del juicio que se sigue a Luciano Benjamín Menéndez, Roberto “El Tuerto” Albornoz y a los ex policías Luis y Carlos De Cándido por las 22 víctimas que estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura de Policía durante la última dictadura militar.

El próximo martes se iniciarán los alegatos de los querellantes y el primer turno, a las 9.30, será de la abogada Laura Figueroa, quien representa a los familiares de las víctimas Carlos Román Apaza, Hugo Díaz y Joaquín Fariño. Luego, seguirán los abogados Valentina García Salemi y Daniel Weisamberg (ANDHES), quienes a partir de las 12.30, expondrán en representación de la familia de la médica desaparecida Graciela Bustamante de Argañaraz.

El miércoles 30 de junio será el turno de los querellantes Emilio Guagnini y Julia Vitar (FADETUC-H.I.J.O.S), por el caso de Rolando Coronel y su hija Marta, secuestrados en mayo de 1977. Precisamente por este caso está acusado Luis De Cándido, quien está procesado por los delitos de privación ilegítima de libertad y de usurpación de la casa de las víctimas ubicada en Chacabuco al 400. En tanto, su hermano, Carlos, el imputado menos complicado en el juicio, está procesado por encubrimiento y usurpación por este hecho.

Después, a las 12.30, expondrá Daniel Mendivil, querellante de la familia de Diana Oesterheld y su esposo Carlos Araldi. A la tarde, 15.30, será el turno de Bernardo Lobo Bugeau, quien por un lado es querellante por el caso del periodista desaparecido Eduardo Ramos, junto a su esposa Alicia Cerrota, y por el otro, representa a la Secretaría de Derechos Humanos en la causa Coronel.

El 1 de julio tomará la palabra el fiscal federal general Alfredo Miguel Terraf, quien realizará su alegato por las 22 víctimas que fueron secuestradas y estuvieron en cautiverio en la ex Jefatura de Policía, uno de los centros clandestinos de detención más sangrientos que funcionó durante los años negros de los ‘70.

En tanto, los abogados de los acusados, el defensor oficial público Ciro Lo Pinto (defiende a los hermanos De Cándido), Ezequiel Avila Gallo (h) (representa a Albornoz) y Horacio Guerinau (Menéndez) expondrán el 7 de julio. Se descuenta que todos pedirán la absolución para sus clientes. Y el 8 de julio los jueces del Tribunal Oral Federal, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, darán a conocer el fallo histórico que podría condenar a prisión perpetua por segunda vez en Tucumán al ex Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército.

El histórico juicio comenzó el 16 de febrero de este año y desde marzo tuvo varias suspensiones a raíz de los problemas de salud de Antonio Domingo Bussi, Mario Zimmermann y Alberto Cattáneo. Bussi zafó del juzgamiento y fue separado del debate, mientras que Zimmermann y Cattáneo llegaron al punto final biológico. Se trata del segundo juicio por violaciones a los derechos humanos que se realiza en Tucumán. En el primero, el 28 de agosto de 2008 Bussi y Menéndez fueron condenados a prisión perpetua por la desaparición y asesinato del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.

En esa oportunidad, los jueces del TOF mantuvieron el criterio de no establecer la modalidad del cumplimiento de la pena hasta que no esté firme el fallo condenatorio, por lo que los imputados quedaron en sus casas. En este juicio, algunos querellantes ya manifestaron que esta vez esperan que el TOF cambie su criterio y envíe a los acusados a cárcel común.

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