Cruzar un semáforo en rojo o conducir hablando por teléfono o a alta velocidad podría ser multado con hasta 28.600 pesos, si se aprueba un proyecto de reforma del Código Contravencional presentado ayer en el Concejo Deliberante.

Se trata de una iniciativa que impulsa el oficialismo y que duplica la pena de varias infracciones, añadiendo extras municipales a las multas que ya prevé la ley provincial de tránsito.

El proyecto presentado por el concejal oficialista Julio Irurueta incrementa significativamente varias infracciones de tránsito, que incluyen pisar la senda peatonal al detenerse en los semáforos, la circulación en contramano e ignorar las reglas de circulación en las rotondas, además de otras contravenciones como la de ruidos molestos con caños de escapes y la excesiva emisión de humo.

“La propuesta de hasta duplicar el monto de algunas multas se basa en dos criterios: el de la peligrosidad de las infracciones y el de la necesidad de comenzar a instaurar un respeto cultural por los demás, reeducar al platense en su forma de conducir”, explicó a EL DIA Irurueta, quien remarcó que además el texto de la norma que deberá votar el Concejo Deliberante establece una pena del incremento del 20% de la multa en cuestión al conductor que agreda física o verbalmente al inspector municipal que la indique.

MONTOS QUE SE DUPLICARIAN

Según consta en el texto del proyecto, por no respetar la señalización de un semáforo actualmente se cobra una multa de entre $4.300 a 14.340 pero con los extras municipales que se incorporan pasaría penarse con entre $8.600 a $28.600. Un monto similar costaría circular en contramano y por estacionar en doble fila.

En tanto, por manejar hablando por teléfono la multa cuesta actualmente entre $710 y $1.434 y pasaría a costar hasta $5.500 y montos equivalentes deberán pagar los conductores que obstruyan la senda peatonal.

La ordenanza, que ahora será analizada por las comisiones de Transporte y Tránsito, Hacienda y Legislación del Concejo local, también prevé que un 30% de lo recaudado en virtud de estos incrementos se destine a campañas de educación vial, mientras que otro porcentaje equivalente se afecte a financiar el cuerpo de inspectores de la secretaría de Control Ciudadano, que hoy cuenta sólo con 120 agentes para todo el partido.

“La idea que impulsamos contempla la autofinanciación en estas dos cuestiones porque está claro que es necesario disponer más personal para el área”, dijo Irurueta y agregó: “No se trata en ningún modo de una medida destinada exclusivamente a recaudar, lo que vemos es que nuestra ciudad sufre el flagelo permanente de las víctimas de tránsito y padece una muy mala educación vial y de convivencia”.