Hace menos de una semana, el relator especial de la ONU, Mutuma Ruteere, visitó la provincia. Se reunió con el gobernador, varios miembros de su gabinete e hizo lo propio con autoridades del Superior Tribunal de Justicia.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Silvina Arauz, señaló en ese momento que Ruteree, “pudo apreciar la dinámica en cuanto al avance de las políticas públicas en derechos humanos y acerca del cumplimiento de todos los tratados internacionales a los cuales Argentina está adherida”.

Señaló, además que “también junto al Gobernador estuvo coordinando políticas públicas inclusivas e interiorizándose de las que se desarrollan en la provincia y que tiene a los sectores más vulnerables como principales destinatarios”.

En el mismo sentido, también hubo una reunión con los ministros del STJ, en donde el Doctor Guillermo Alucín y el Doctor Manuel Hang explicaron que: “el Poder Judicial de Formosa tiene un fuerte compromiso en el tratamiento de las causas sobre casos de violencia de género y aquellas referidas a los pueblos originarios”.

Según prensa oficial del STJ, Mutuma Ruteere se mostró visiblemente impresionado por la labor, el interés y el compromiso que tiene el Poder Judicial de Formosa en el abordaje y en lo que respecta a la atención de los justiciables, con especial referencia a los pueblos originarios y otros sectores vulnerables de la sociedad.

Muy distinta fueron las declaraciones del relator de la ONU, dos días después cuando afirmó a la agencia oficial Telam que es “terrible” la situación de los pueblos originarios en algunas regiones, que requieren de “atención inmediata”.

“Como sucede también en otras partes del mundo, he encontrado prácticas discriminatorias que a menudo afectan a los pobres y a los más vulnerables que pertenecen a grupos minoritarios, incluidos los pueblos originarios, los afroargentinos, y las comunidades de migrantes”, afirmó el politólogo keniata durante la conferencia de prensa ofrecida en el Centro de Información de la ONU del barrio porteño de Recoleta.

Particularmente “terrible”, según dijo, es “la situación de los pueblos originarios en ciertas áreas del país”, ya que “viven en condiciones de pobreza extrema, aislados y sin acceso a los servicios básicos”.

Además, cuestionó que se encuentren “excluidos de la vida política y social” y la ausencia de sus miembros en “cargos clave para la toma de decisiones, aún en los entes específicos” destinados a promover y atender las necesidades de estos grupos poblacionales.

Por último, el relator especial aseguró que el acceso de los pueblos originarios a la propiedad de la tierra “sigue siendo un desafío” y pidió que se tomen medidas para “proteger a las comunidades del desalojo, ante el vencimiento en 2017 del plazo establecido por la Ley 26.554”, que prorrogó hasta entonces la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ancestrales.

Estas comunidades ven vulnerado su derecho a disponer de “agua potable, vivienda digna, una atención sanitaria de calidad, oportunidades de empleo y una educación adecuada”.