En principio, argumentó que recibieron información “ambigua” y concluyó que la intención del acuerdo fue “salvar financieramente” a la empresa que había fundado el intendente Miguel Lunghi en su gestión al frente del Círculo Médico. En ese sentido, adelantó que buscarán reunirse con las autoridades del Hospital para obtener precisiones y no descartó acudir ante el Tribunal de Cuentas si la situación no se aclara.

En una entrevista con el programa “La ciudad” (Eco TV de El Eco Multimedios), Pablo Bossio explicó que el objetivo del pedido de informes fue preguntar al Ejecutivo la cantidad de prestaciones que se comprometía a hacer Cami Emergencias, gerenciada por Usicom, al Municipio, en razón del convenio que se había firmado, donde se estableció un pago de 120 mil pesos por mes, que totaliza 1,4 millones de pesos por año.

“Luego de siete meses, el Municipio nos contesta de manera imprecisa, de manera ambigua. Entendemos que en esta imprecisión y ambigüedad hay una intencionalidad”, disparó el edil.

Y agregó que “nos queda claro que la intención del Municipio fue rescatar financieramente a una empresa que fue fundada oportunamente por el Intendente municipal. Cuando él era presidente del Círculo Médico funda Cami Emergencias, y la decisión fue ésa, salvar financieramente y resguardar financieramente a la empresa”.

“No hay un número”

Tras analizar la respuesta que elaboró la Dirección de Asuntos Legales de la comuna, Bossio concluyó que “el Municipio, en realidad, está pagándole hoy a Usicom por adelantado casi 1,5 millones de pesos por un servicio que no sabemos cuál es la contraprestación”.

En este sentido, remarcó que “la contraprestación, al menos en la respuesta que recibimos, no existe. Hay una ambigüedad, una imprecisión en esa respuesta que no nos hace saber a ciencia cierta qué recibe el ciudadano de Tandil a cambio de que el Municipio le pague a Cami -Usicom, ahora- casi 1,5 millones de pesos por año”.

Al momento de firmar el contrato de locación de servicios con Usicom, el Ejecutivo había argumentado que las ambulancias de Cami eran necesarias para las prestaciones de salud, sobre todo ante las emergencias.

En este sentido, Bossio cuestionó que el Ejecutivo no respondió las inquietudes vinculadas a la cantidad de salidas que realizó Cami Emergencias por llamados del Hospital y de traslados a centros de mayor complejidad. “No hubo una respuesta cuantitativa. No hay un número”, advirtió.

“Injusto” para el sector público

Luego de la lectura del informe junto a los integrantes del bloque, Bossio remarcó que “lo que nos preocupa también es que hablando con operadores del 107, que es el teléfono de emergencias al que acudimos cuando tenemos alguna situación en la vía pública, no hay un protocolo. Aquellos operadores que reciben un llamado no tienen un protocolo, por el cual, si no cuentan con una ambulancia del sistema público, tienen que llamar a Usicom”.

Otra de las inquietudes que surgió fue que “en 2015 hubo un adelanto financiero y se pagó todo el año en enero, lo que a las claras demuestra que en definitiva hubo una asistencia financiera a una empresa en una situación de crisis y que se trata de un subsidio prorrogado en el tiempo indefinidamente, porque este contrato se prorroga indefinidamente”.

Un subsidio

Como contrapartida, sostuvo que “nuestro sistema de emergencias público del Hospital Santamarina tiene grandes deficiencias. Hoy los propios operadores nos dicen que tienen deficiencias y podía ser mucho mejor, y estamos en definitiva subsidiando a una empresa privada, que brinda un servicio privado. En definitiva, no hay alguna contraprestación ostensible o que haya sido claramente identificada en esa respuesta”.

En esa línea, agregó que la situación es más grave cuando el director de la Clínica Chacabuco, Ricardo Saracca, también planteó una crisis y la posibilidad de rescindir el contrato con Pami. “Estamos subsidiando un sistema de emergencias privado, cuando el sistema de emergencias público tiene una grave crisis y cuando ahora estamos avizorando una situación crítica para nuestros adultos mayores. Nos parece injusto que nuestro sistema de emergencias no sea de la calidad que debe ser y estemos subsidiando a un privado”, subrayó.

Próximos pasos

En cuanto a los pasos a seguir a partir de la disconformidad con la información lograda, el presidente de la bancada del PJ-FPV informó que  “nos interesa hablar con las autoridades del Hospital y del sistema público de salud para entender si hay un servicio de complementariedad de Usicom y el Sistema Público de Salud”.

En ese aspecto, sostuvo que toda vez que han presenciado accidentes en la vía pública, siempre detectaron que acudían ambulancias del Hospital. “Queremos saber cuál es el alcance de este convenio y si efectivamente se están salvaguardando los intereses de una empresa privada. Insisto, al estar comprometidos recursos públicos, necesariamente la ciudadanía lo tiene que saber y nosotros tenemos que dar la discusión”, aseveró.

Para finalizar, advirtió que “llegaremos hasta la instancia que tengamos que llegar. En principio, hablaremos con las autoridades del efector público Hospital Santamarina y luego, si tenemos que ir al Tribunal de Cuentas, vamos a ir”.