La Municipalidad de San Luis no deja de sumar puntos oscuros en el manejo de fondos públicos. El Tribunal de Cuentas detectó otra irregularidad que se adiciona al pago de reintegros y subsidios a funcionarios. Esta vez en la forma de contratación de los servicios de transporte, por un lado, y en el de alojamiento y comida por el otro, para 510 deportistas en los Juegos Evita 2013, que se desarrollaron en Mar del Plata entre el 2 y el 8 de noviembre pasado. La Comuna recurrió a la contratación directa por un total de 1.700.100 pesos y lo hizo en medio de la competencia, en contravención a la Ley de Contabilidad, y para colmo la adjudicó a una empresa que se conformó en ese mismo mes. Así volvió a repetir las anomalías que había cometido en los juegos del año anterior.  

Los concejales se hicieron eco de la anormalidad y se la consultaron al secretario de Hacienda, Esteban Pringles. “Esos son fondos nacionales. Los maneja la Nación, la Nación dice qué hacer con ellos”, intentó deslindarse en su visita al legislativo. Los ediles tomaron esa respuesta como uno de los tantos argumentos para rechazar las cuentas de inversión de 2013.

“Los fondos nacionales pueden tener su reglamentación interna, pero cuando ingresan al presupuesto municipal deben cumplir las normas que rigen al Municipio. No puedo decir con esta plata hago lo que quiero y no cumplo con la Ley de Contabilidad”, desestimó Javier Rapisarda, vocal del Tribunal de Cuentas.

El presidente del órgano de contralor, Marcos Cianchino, aseguró que la Intendencia tuvo tiempo más que suficiente para realizar una licitación pública y que en ningún momento demostró la “necesidad y urgencia” establecida en el artículo 100 de la Ley de Contabilidad para acudir a una contratación directa. Lo justificó en que entre abril y mayo están fechados los presupuestos de tres empresas para hacer el transporte y cuatro para el alojamiento y la comida, pero recién el 1 de noviembre —un día antes del comienzo de los Evita— el por entonces secretario de Desarrollo Social, Carlos Jacomet, solicitó la contratación de ambos. “La contratación directa se puede justificar cuando es algo imprevisible, pero no en este caso porque desde el inicio del año sabían que el certamen se iba a desarrollar en esa fecha. Ni siquiera los ayudaban los presupuestos, que los tenían de muchos meses antes”, agregó Rapisarda.

Pero los cuestionamientos al procedimiento no terminan ahí. “La fecha del decreto de contratación es el 7 de noviembre (los juegos terminaron el 8). Ese día el asesor legal del Municipio dictamina, está hecha la factura y también el pago, con lo cual claramente es un hecho consumado y la contratación termina siendo una simulación porque están ejecutado el gasto sin haber cumplido los pasos que establece el artículo 28 de la Ley de Contabilidad, que es la imputación, el preventivo, el compromiso y la autorización para contratar”, precisó Cianchino. 

Los dos integrantes del Tribunal de Cuentas advirtieron que el Ejecutivo violó además un decreto municipal de 2012 —el 263-SH—, que fija los montos para desarrollar las contrataciones y determina que la licitación pública debería haber sido el camino elegido porque la suma a destinar era superior a los 150 mil pesos.

En diálogo con El Diario, también hicieron observaciones a la firma elegida para cumplir con los dos servicios en la Costa Atlántica. “POCMDP SA obtuvo el alta de actividad en AFIP en noviembre de 2013, es decir en el mismo mes en el que la contrató la Comuna”, aseveró el presidente y recordó que otra de las que cotizó fue “Berón Paola Leticia”, que un año antes se había quedado con la adjudicación de idéntica forma y cuando recién se había constituido. “Con los juegos del 2012 habíamos notado lo mismo: montos excesivamente altos, contratados bajo necesidad y urgencia, y con argumentos que no son reales”, apuntó tajante el vocal del órgano.

Cómo sigue

El Tribunal de Cuentas aún no dictaminó sobre los expedientes de los Evita 2013 porque ingresaron junto al aluvión de documentación que recibieron de las cuentas de inversión. Sólo lo giraron al Concejo para que lo tuviera en cuenta a la hora de tratar el tema. “No nos hemos metido todavía de lleno, no fue corrido el traslado aún a ningún funcionario. Previo debe haber un dictamen de Contaduría Fiscal y la opinión de cada uno de los que componemos el organismo”, aclaró Rapisarda, quien anticipó que una vez que cumplan todas esas etapas estarán en condiciones de tomar medidas administrativas (juicio de cuentas o de responsabilidad). 

Por ahora, el caso del 2012 todavía está abierto porque Jacomet no respondió y él es el que debe contestar, independientemente de que desde mediados de enero de este año dejó el gabinete municipal para desempeñarse como subsecretario de Prevención, Capacitación y Asistencia de las Adicciones del Sedronar.