En total, fueron alrededor de 35 los allanamientos que se concretaron en Mar del Plata y en Capital Federal, según reveló un comunicado emitido por la fiscalía que conduce Laura Mazzaferri.

La causa, tramita en la jurisdicción desde septiembre de 2014, por una denuncia que realizó la Procelac, Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, en su momento ante la Fiscalía de Cámara, y entonces se le dio intervención a la Fiscalía  N°1.

En ese marco, según índice el comunicado “en octubre de 2014 se realizaron una serie de allanamientos. A partir de la hipótesis inicial que se formuló, sumada a los resultados de la investigación y los allanamientos mencionados, se profundizó la investigación por la posible comisión del delito de intermediación financiera y/o lavado de dinero proveniente de ese delito como de otros delitos, sin perjuicio de las operaciones de cambio marginal que también formaban parte del objeto procesal”.

En tal sentido, agregaba que “en noviembre de 2014, se pidieron nuevos allanamientos sobre la base de estas investigaciones, que fueron denegados por el juez federal que entonces intervenía, Alejandro Castellanos y en diciembre de 2015, la Cámara Federal de Apelaciones dio vuelta la resolución de primera instancia”.

“En función de ello y de la necesidad de constatar la vigencia de las operaciones oportunamente determinadas, y de los domicilios y personas oportunamente individualizados, se realizaron numerosas medidas de investigación que culminaron en el nuevo pedido de los procedimientos al juez federal, actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado Federal N°1, Santiago Inchausti”, remarcaba.

Los procedimientos comenzaron alrededor de las 15 y se extendieron en distintos puntos, entre ellos Luro e Independencia, en casas de cambio, cuevas financieras, operaciones de “arbolitos” y también se incluyó la requisa de automotores.

Se realizaron allanamientos en simultáneo en tres sucursales de Jonestur -San Martín 2500, Luro e Independencia y Luro y Córdoba- y otras casas de cambio o posibles “cuevas” de venta ilegal de moneda extranjera.

Además, aún no se conoce de manera oficial la cantidad de detenidos, los elementos secuestrados, entre los que hay armas, ni la millonaria suma de dinero incautada, en el marco de un anuncio de la Fiscalía que hasta no tener todos los resultados no se brindará información adicional para no perjudicar el curso de los procedimientos, según señaló el fiscal federal general, Daniel Adler, quién sólo informó que la causa se encuentra en secreto de sumario.