A través de un Proyecto de Ley (D 4924/19), el Diputado oficialista Carlos Villalonga, propuso aumentar hasta en un 25 por ciento y a disminuir hasta en un 10 las alícuotas de los combustibles cuando lo aconseje el desarrollo de la política económica o energética. Esta facultad podrá ser ejercida con carácter general o regional para todos o algunos de los productos gravados.

La iniciativa apunta a un cambio en el marco impositivo tendiente a reconocer la diferencia en el impacto climático que presentan los distintos combustibles. En efecto, la combustión de hidrocarburos es una de las principales fuentes de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), por lo que es necesario establecer medidas o instrumentos dirigidos a controlar estas emisiones.

Argentina está comprometida internacionalmente a reducir emisiones, ello en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, como así también a mitigar el impacto derivado del uso de combustibles fósiles, a la vez que se transita el camino hacia la descarbonización y la generación de energías renovables.

En efecto, la Convención tiene por objetivo final la estabilización de las concentraciones de GEI en un nivel que impida las interferencias, de origen humano, peligrosas para el sistema climático. Por su parte, la entrada en vigor del Acuerdo de París en noviembre de 2016, a menos de un año de su adopción en la 21º Conferencia de las Partes (COP21), significó un importante avance en los esfuerzos para acelerar la acción frente al cambio climático, así como también consolidar el camino hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los Estados Parte de la Convención decidieron, mediante dicho Acuerdo, reforzar su compromiso estableciendo como objetivo mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2ºC, con el esfuerzo puesto en limitar este aumento a 1.5ºC.

El consenso científico en relación a diversos aspectos del calentamiento global, tanto en relación a su origen humano como a la insuficiencia de los compromisos asumidos a partir de París para evitar un aumento de la temperatura, indica que si no se realizan mayores esfuerzos el riesgo a manejar no tiene precedentes. Es decir que promover políticas que tiendan a la transición energética, en el caso de este proyecto, mediante una herramienta fiscal, implica una de las tantas medidas que serán necesarias con miras al objetivo de reducir las emisiones de GEI.

El objetivo del proyecto es por lo tanto, según Villalonga, sumar a los combustibles líquidos que tributan por su potencial de emisión de CO2 de acuerdo a lo establecido por la Ley 27.430, al aerokerosene, al gas natural, al Gas Natural Licuado y al Gas Licuado de Petróleo, los cuales también son generadores de dicha sustancia.

“Teniendo en cuenta que en el plano nacional la cláusula ambiental constitucional reconoce el derecho de cada uno a gozar de un ambiente sano y equilibrado como así también el deber de su preservación, y que asimismo determina un deber fundamental a cargo de las autoridades, cual es el de proveer a la protección de este derecho, considero esencial que desde el Poder Legislativo se avance en el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos a través de la ratificación del Acuerdo de París y con nuestra propia Constitución Nacional, mediante la adecuada actualización de las leyes vigentes”, concluyó el legislador.