Después de una serie de contratiempos y obstáculos surgidos en los últimos tiempos, para este año se esperan importantes avances en la regularización de las tierras que habitan más de 100 familias de Garuhape-Mí (paraje perteneciente al municipio de Garuhapé) y a las que la quiebra de la empresa maderera Garumí había dejado en la cuerda floja desde fines del siglo pasado.

Si bien “sería muy aventurado hablar por ahora de plazos”, el escribano Ángel Marcelo Castro, de la Dirección Notarial del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), ratificó a PRIMERA EDICIÓN la decisión del organismo de resolver cuanto antes la situación dominial de los más de 80 lotes que el Instituto adquirió en dos operatorias entre 2010 y 2018.

Para ello, explicó, “primero tenemos que cerrar el tema de la escrituración y la inscripción (de esas tierras) a nombre del IPRODHA en el Registro de la Propiedad, para luego llevar adelante las mensuras, el relevamiento socioeconómico para verificar el estado habitacional y qué cantidad de familias están involucradas exactamente, antes de, ahí sí, regularizar la situación de esas familias”.

Antes de acometer todo ese proceso, se insistirá en un pedido a la Comuna de Garuhapé de eximición de tasas municipales, tal y como se había empezado a negociar con la anterior gestión, para que el IPRODHA no tenga que afrontar la deuda de años y años que acumuló el anterior propietario (la maderera Garumí-ICESA) y reducir el alto costo de la operatoria, que se incrementa por el hecho de que la causa de la quiebra de la empresa se tramita en Capital Federal y “el Instituto no tiene abogados allá, así que tenemos que designar un apoderado”.

El pedido de eximición de tasas se fundamenta no sólo en el hecho de que gran parte de la deuda no fue generada por el organismo provincial, sino también en los múltiples beneficios que generaría a Garuhapé la regularización definitiva de los terrenos e incluso en el hecho de que algunos de los lotes involucrados son usados actualmente por organismos públicos municipales.

Pero, más allá del resultado de la negociación con la Comuna, Castro ratificó que en el IPRODHA está tomada la decisión de contratar este mismo año con el Colegio Profesional de Agrimensura el relevamiento de estado habitacional y propuesta de fraccionamiento de los lotes involucrados.

“Con esos pasos ya alcanza para que nuestras áreas sociales visiten el lugar, recopilen la información socioambiental y se pueda negociar con los beneficiarios la entrega al menos un boleto de compraventa para empezar a regularizar su situación”.

 

 

Largo camino

El cierre y quiebra de la firma Garumí-ICESA, el 4 de mayo de 1998, fue el primer cimbronazo para un paraje próspero como Garuhape-Mí, que llegó a superar los 3.000 habitantes. El segundo se produjo en 2007 (ver recorte periodístico), cuando se conoció la convocatoria a remate en Buenos Aires de gran parte de las tierras de la localidad, propiedad hasta entonces de la mencionada empresa ya quebrada, que judicialmente se consideraban “abandonadas” pese a estar pobladas por cientos de familias.

Esa situación se pudo salvar “in extremis” y tres años después, en 2010, el IPRODHA compró entre 47 y 48 de esos lotes (un total de 33 hectáreas). En 2018, el Instituto acudió a una subasta en Buenos Aires y adquirió 34 lotes más. La continuidad de sus habitantes en el lugar estaba garantizada.

Pero una cosa es adquirir una propiedad de estas características y otra más compleja regularizarla: después hay que escriturarla, protocolizar las acciones y ponerla a nombre del nuevo dueño, antes de proceder a su loteo y entrega a los ocupantes. Y justo cuando el IPRODHA había iniciado los trámites, la quiebra cambió de síndico y se volvió a frenar todo. A fines del año pasado el Instituto acordó con el nuevo profesional la reactivación del proceso y así se piensa hacer en los próximos meses.