Así lo decidieron luego de haber llegado a un acuerdo en la desvinculación de la empresa. Dirigentes de la oposición criticaron la medida y vislumbran “un nuevo caso de corrupción”. Piden que se den explicaciones ante el Congreso. Otros dos contratos viales incumplidos correrían la misma suerte.
La polémica se disparó tras la publicación del decreto 891 por el cual el Gobierno le dio de baja a la concesión que tenía el consorcio “Corredor Americano” para construir y operar la nueva autopista bonaerense.
El contrato establecía que a cambio de terminar la autopista en un plazo de 6 años, la sociedad --controlada por el grupo Eurnekian--se iba a quedar con el cobro de los peajes hasta el 2031.
En este caso el Gobierno alcanzó un “mutuo acuerdo” con la empresa para anular la concesión e instrumentar el pago de una indemnización por las obras del primer tramo de la autopista.
Según indicaron fuentes de Vialidad Nacional, el resarcimiento que se llevaría la ex concesionaria rondaría los $ 150 millones.
Para el titular de la comisión de Obras Públicas de la cámara de Diputados, Christian Gribaudo, “estamos ante un tema poco claro que el Gobierno deberá explicar en el Congreso”.
El legislador anticipó que citarán a las autoridades de Obras Públicas y de Vialidad para que brinden un informe sobre el tema.
Por su parte, el ex titular del OCCOVI (Órgano de Control de las Concesiones Viales), Carlos Hidalgo afirmó que “resulta muy llamativo que entre los argumentos del decreto se consigne el impacto de la crisis económica global porque siempre el Gobierno ha dicho que gracias a su accionar el país no se vio afectado por ese evento”.
Tras indicar que “sería bueno saber porqué los funcionarios no ejecutaron la garantía contractual que obligatoriamente debía tener la empresa”, Hidalgo destacó que “la caída de esta concesión no hace más que mostrar el fracaso de los proyectos de iniciativas privadas que el Gobierno aprobó en el sector vial”.
Comentá la nota