Mientras recibe a Estela de Carlotto, termina el juicio por la Unidad 9, donde un oscuro pasado lo relaciona a su gestión en el hospital San Martín en la década del 70 y por cuya investigación hay otro médico de esta ciudad preso.
El nuevo Mussi viene a reemplazar a aquel que criticaba a Pablo Díaz por haber sobrevivido a la Noche de los Lápices; llegó a tratarlo de buchón en un acto en el Consejo del Partido Justicialista que el doctor preside. Pero hay otra historia menos conocida.
En el San Martín
Cuando Mussi dirigía el Hospital San Martín, desde 1973 hasta el Golpe, recibía parturientas que eran retenidas con cadenas y grilletes a las camillas. La sorprendente revelación surgió de al menos dos presas políticas que entrevisté hace años en pos de saber qué había ocurrido en los ‘70 en esta región.
En diciembre del ‘74, Nelfa Suárez, de Ezpeleta, con cuatro meses y medio de embarazo, fue llevada presa a la Unidad 8 de Olmos. Había caído en Bernal y venía de ser torturada en el Pozo de Banfield. En un clima de máxima tensión, Nelfa empezó con dolores; sus compañeras pidieron a gritos por un médico. Sólo por la insistencia de las compañeras, fue llevada al San Martín, donde debieron llevarla a cesárea. Tendría que permanecer internada, con suero, y su bebé en incubadora diez días. Nelfa, transfundida, permaneció esposada a la cama. No le quitaban las esposas ni cuando era llevada a ver su bebé, detrás de un vidrio, una vez por noche. Así estuvo dos semanas, hasta que los represores la regresaron a la cárcel de Olmos.
No fue la única torturada que tuvo familia en condiciones semi clandestinas en el hospital que dirigía Mussi. Al menos, hasta que terminaron la sala de partos del penal. La última víctima de ese maltrato fue Silvia Negro.
Cuando entrevisté a Nelfa Suárez y a Perla Diez, ellas no sabían el nombre del director del hospital (sus testimonios en el Juicio por la Verdad –La Plata, 20/10/4– están en «Dos sobrevivientes relataron sus partos en cautiverio en 1975», www.apdhlaplata.com.ar).
Otros posibles testigos están desaparecidos: María Hilda Delgadillo, la partera solidaria; el pediatra que atendió a Nelfa y otras enfermeras de la Maternidad que podrían ser testigos de la responsabilidad de Mussi.
U9
El último 14 de septiembre terminaron las testimoniales el juicio oral que desde el 26 de abril evalúa los crímenes imputados a 14 penitenciarios, tres de ellos médicos, cuyos defensores apuntan que “nada podían hacer”. Uno de los presos como “represor”, Héctor ‘El Oso’ Acuña, es defendido por la abogada Silvia Reynoso quien también patrocinó en otro juicio por calumnias a un editor de prensa local defensor de Mussi.
En ese contexto, la actuación del actual intendente de Berazategui fue debatida en la asamblea de la APDH La Plata hace cinco años pero, explicó la abogada Marta Vedio, “los juicios son contra el accionar de la dictadura, desde 1976”. Y Mussi tenía mujeres de la U9 engrilladas y encadenadas hasta 1975 en el hospital que dirigía.
Entre, otros, declararon los ex presos políticos Francisco Virgilio Gutiérrez, intendente de Quilmes, Alberto Elizalde (un tiempo detenido en la Brigada local); y Ernesto Villanueva, candidato a rector de la futura Universidad de F. Varela.
Otros casos incluyen desapariciones, homicidios (como los de Horacio Rapaport, Angel Georgiadis, compañeros del ‘Barba’ Gutiérrez) y los tormentos seguidos de muerte de Alberto Pinto, por el que se acusa a un médico de Villa España (cuyo teléfono y dirección de 24 Nº 4535 fueron escrachados desde un afiche en La Plata): Carlos Domingo Jurío –lo pronuncian ‘yurío’– cirujano y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, está preso.
Berazategui hubiera hecho mejor en repudiar a otros represores de la ciudad como a Juan de Dios Velaztiqui, autor de la masacre de Floresta posterior al 20 de diciembre de 2001.
O a los de la Brigada de Quilmes Bernabé Jesús Corrales o a su par Daniel Juárez. Por lo pronto, el Concejo Deliberante, donde la mayoría mussista votó una adhesión al 24 de marzo del 2006, bien podría poner la placa con los nombres de los desaparecidos de la ciudad que se propuso entonces. El 50° aniversario sería una buena oportunidad.
Sigue preso
Sobre el final de las testimoniales, el defensor Luis Vitale pidió la excarcelación de Jurío, la que fue denegada. En declaraciones a este medio, Vitale (quien ya había sido abogado de Julio López, el policía dueño de la casa donde hallaron al secuestrado Leonardo Bergara el 24 de enero de 2009) resumió el caso:
"Jurío no está denunciado por torturas ni malos tratos. Está en la causa a partir de que era médico Penitenciario en la U9 donde murió un detenido. Tampoco fue denunciado por mala praxis. Lo que pasó es que firmó una certificado de salud antes de que muriera. Lo que esta defensa sostiene es que, si Pinto murió por golpes, los recibió después de que lo revisara Jurío, ya que medió un tiempo". En el mismo sentido se manifestó el hijo de Jurío, en extenso diálogo con este medio.
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