Entre las disposiciones que establece el decreto está la de emitir un Certificado de Vivienda Familiar a las familias de asentamientos y urbanizaciones informales para que puedan acreditar la existencia y veracidad de su domicilio, y de esa manera, puedan solicitar la conexión de servicios tales como agua corrientes, energía eléctrica, cloacas, entre otros.
El gobierno de la ciudad en conjunto con el Ministerio de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Subsecretaria de Seguridad y Justicia, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), la Secretaria de Acceso a la Justica, diputados provinciales y Barrios de Pie, trabajan para gestionar y efectivizar la aplicación del Decreto Nacional N° 358/17 que crea el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).
A fin de llevar adelante lo establecido por la norma nacional se creó una mesa interinstitucional para articular acciones entre los diferentes poderes del Estado tanto nacional, provincial y municipal. La idea es que este espacio sea un instrumento para facilitar el acceso a la tierra, resolver conflictos, abordar la problemática del desalojo y de avanzar en la integración social y urbana de los asentamientos.
Al respecto, el coordinador del Programa de Regularización de Ocupación de Espacios Públicos y Provisión de Agua, Jorge Atencio, comentó “este decreto presidencial está trayendo ciertos problemas porque a través del RENABAP que maneja la ANSES, se reconoce a todos los asentamientos y barrios informales el derecho al acceso al agua, la luz y todos los otros servicios. Pero no está reglamentado, entonces van a los barrios y le entregan este certificado familiar de vivienda, pero eso no acredita la propiedad. Lo que está ocasionando una falsa expectativa porque eso se puede hacer cuando el Estado es el dueño de la tierra. Pero en el caso de los terrenos privados se produce un conflicto de intereses con los dueños”.
En ese sentido, se espera sumar en las próximas reuniones a funcionarios de otros organismos y en una segunda instancia, gestionar con los legisladores nacionales misioneros ante el Gobierno Nacional para la puesta en vigencia de la normativa bajando los recursos económicos necesarios para su aplicación. “Lo que nosotros queremos manifestar es la necesidad de que se envíen fondos para llevar adelante la propuesta en los casos en que los terrenos son privados”, agregó Atencio.
Comentá la nota