El Municipio deberá solventar las emergencias en el tramo de la 226 contemplado por los PPP

El Municipio deberá solventar las emergencias en el tramo de la 226 contemplado por los PPP

Una nueva resolución de los contratos que el Gobierno nacional articuló para la construcción de los corredores viales, dispone que Tandil deberá afrontar los gastos en asistencia siniestral que se produzcan en el tramo de la Ruta 226 afectado por la administración de los consorcios privados. La medida llega a otros distritos. La Defensoría local, acompañará un eventual reclamo del Ejecutivo.

La Defensoría del Pueblo bonaerense a cargo de Guido Lorenzino, denunció que hubo modificaciones en los contratos de Participación Público Privado (PPP) que financiarán los proyectos que el Gobierno nacional comenzó a poner en marcha en algunos corredores viales.

Según trascendió esta semana, entre las nuevas disposiciones se determinó que, en caso de un accidente en la ruta, serán los municipios según la jurisdicción correspondiente al siniestro, los que deban hacerse cargo de los servicios de emergencias que antes le correspondía a las empresas.

La resolución, alcanza a los corredores viales A (rutas nacionales 3 y 226); B (RN 5); C (RN 7); E (rutas nacionales 193 y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur (rutas nacionales 3 y 205).

En la provincia, estos corredores atraviesan varias decenas de partidos, entre ellos Las Flores, Azul, Tandil, Tres Arroyos, Balcarce, Coronel Dorrego, Mercedes, Bragado, Junín, General Villegas, San Nicolás, Baradero y más, en un frente de más de 2 mil kilómetros de obras que deberían iniciarse en marzo.

Ante este nuevo escenario, el organismo de contralor provincial y Defensoría local, advierten que este cambio tendrá un fuerte impacto en las arcas municipales que no tenían presupuestado semejante cargo y que vienen absorbiendo otras imposiciones que fueron trasladadas desde Nación y Provincia.

En este marco, el ciclo radial Dulce o Amargo (104.1 Tandil FM), entrevistó a la doctora Paula Lafourcade, titular de la Defensoría del Pueblo de Tandil.

En concreto, Lafourcade explicó que “si bien las autoridades del Ejecutivo local aún no se han comunicado, estamos en consonancia con la Defensoría de provincia ante esta disposición que es desorbitante porque el Ministro debe tener en cuenta que las rutas nacionales, son territorio federal”.

Según indicó “los Municipios no pueden hacerse cargo de estas atribuciones ni tienen incumbencia porque es un servicio que tiene que ser prestado por la provincia, la nación o por el concesionario que en este caso es el que además, cobra una tasa por transitar y mantener los tramos viales”.

En relación a la responsabilidad que cabe a los distritos a la hora de producirse un siniestro vial, Lafourcade señaló que “tampoco se puede encomendar este compromiso porque de haber un accidente, quien tiene injerencia es la Justicia federal”.

La delegada de la Defensoría local expuso además, que “estamos expectantes para ver qué decisión tomará el Municipio de Tandil y desde aquí vamos a acompañar cada uno de los trámites o encuentros que se propicien si es que se efectiviza alguna acción al respecto”.

Entre los argumentos en que se puede fundar un futuro reclamo y más allá de la cuestión de competencia jurisdiccional, Lafourcade evaluó que tampoco se podría costear el servicio de asistencia técnica o emergencias porque a partir de la obligación que se transfiere, el Gobierno nacional no destina una contrapartida presupuestaria para solventar la intervención.

“Esto parte de un principio constitucional en el que claramente se establece que cualquier obligación de competencia o servicios que pase de un nivel a otro del Estado, debe estar acompañado por la asignación de recursos financieros para hacer frente a esta erogación”, aseguró.

Tampoco descartó que se pueda articular alguna acción de tipo judicial. “En esto estamos algo limitados porque para ir contra el Estado nacional y presentar un amparo, es necesario tener un representante frente a la Defensoría del Pueblo de la nación, que hoy está acéfala”, subrayó Lafourcade.

En este sentido lamentó que los defensores provinciales o locales se ven imposibilitados por no tener legitimación en juicio ante una demanda hacia la Nación.

Este diario, consultó a distintas áreas del Departamento Ejecutivo y pudo constatar que si bien se está al tanto de los alcances de la nueva resolución y no se descarta impulsar algún tipo de gestión, aún no han sido notificados oficialmente.

La fuentes del Ministerio de Transporte de Nación a las que se pudo tener acceso, se mostaron reticentes a brindar mayores datos pero  admitieron que “hace tiempo se viene trabajando sobre el tema y nos pareció virtuoso que cada parte del Estado asuma sus responsabilidades cívicas”.

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